UGT y CC.OO. y USO boicotearon la subida del salario mínimo en las grandes empresas de seguridad

Convinieron con las empresas eliminar pluses a 8.000 trabajadores para absorber el alza


madrid / colpisa

UGT, Comisiones Obreras y USO consintieron la artimaña utilizada por Prosegur y Securitas, dos empresas líderes en el sector de la seguridad privada, para evitar que se aplicase la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes a más de 8.000 trabajadores al acordar suprimir los pluses de transporte y vestuario e integrarlos en el salario base. Esta es la conclusión que se extrae de dos sentencias dictadas el pasado 13 de septiembre por la Audiencia Nacional que anulan parcialmente los convenios colectivos de estas dos compañías en lo referente a la compensación y absorción de los mencionados pluses.

Todo parte de una denuncia interpuesta por CSIF -según explicó esta organización ayer en rueda de prensa-, que rechazó estos dos convenios firmados a finales de abril con efecto retroactivo desde el 1 de enero y los impugnó al entender que estos sindicatos «actuaron junto a la empresa contra los intereses de las personas trabajadoras con una práctica ilegal». Y así lo considera también el tribunal, que «condena» tanto a las empresas como a UGT, Comisiones Obreras a anularlo.

La sentencia advierte que se trata de una «técnica de neutralización y no superposición» de incrementos, de manera que el salario percibido realmente por la persona trabajadora no varía en este caso tras la aplicación del la subida del salario mínimo. La Sala considera que no cabe compensar y absorber los incrementos del convenio o del SMI con las compensaciones por los gastos que realiza el trabajador como consecuencia de su actividad laboral, ya que dichos gastos (en este caso de transporte y vestuario, que ascienden a unos 625 euros anuales) no tienen la consideración de salario, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Precisamente esta es una batalla que a lo largo de este ejercicio han abanderado UGT y especialmente CC. OO., exigiendo que las empresas cumplan legalmente con la subida del salario mínimo. Es más, la organización liderada por Unai Sordo inició en junio pasado una campaña para denunciar que a cientos de miles de trabajadores no se les estaba aplicando correctamente este incremento ya que muchas empresas estaban incluyendo en el salario base complementos que no se pueden absorber. El sindicato recordó que esta medida marca un suelo y, por tanto, ningún trabajador a tiempo completo puede tener unos ingresos inferiores a los 12.600 euros brutos anuales, pero proclamó que «es perfectamente posible» que un empleado esté cobrando 1.000 o 1.200 euros al mes y también sea necesario aplicarle un incremento en su nómina a consecuencia de este alza.

 Doble cara

En este sentido, defendió que existen una serie de pluses personales (antigüedad, peligrosidad, nocturnidad, etcétera), así como otra serie de retribuciones extrasalariales (tales como plus de transporte, vestuario, dietas...) que no pueden compensarse.

Por eso precisamente CSIF acusó a estos sindicatos de «actuar de una manera de cara a la galería pero en la práctica comportarse de otra bien distinta» y rechazó el argumento dado por estas tres organizaciones de que firmaban este convenio «para evitar una pérdida de competitividad con resultados negativos para el mantenimiento del empleo», ya que -aseguran- «tienen las cuentas saneadas». Y explica que para conseguir la devolución de los pluses de enero a mayo -que les ha permitido a las dos empresas ahorrarse unos dos millones de euros-, los trabajadores afectados tendrán que recurrir ante un juzgado de lo social de forma individual.

 Desde CC. OO. explicaron que se trata de «una manipulación absoluta» e incluso negaron que hayan firmado ningún convenio, sino «un documento precisamente para evitar que se absorbieran esos pluses». 

Más de 150.000 gallegos tienen un sueldo inferior al salario mínimo

Manuel Varela

El 80 % de los trabajadores a tiempo parcial cobra por debajo de 900 euros al mes

El octubre se cumplirá un año de lo más cerca que estuvo el Gobierno de aprobar unos Presupuestos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban entonces un documento con el que el Ejecutivo socialista se comprometía a presentar unas cuentas que «blindasen el Estado de Bienestar». De lo poco que queda de aquel pacto es el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 22,3 %, la mayor subida de la década con el único precedente del alza del 25,5 % aprobada por Felipe González en 1983.

Pese que Podemos trató de elevarlo hasta los 1.000 euros mensuales, el SMI se quedó finalmente en 900 euros. Una barrera de la que aún quedan lejos más de 150.000 trabajadores gallegos, la mayoría con empleos con jornada a tiempo parcial. El 80 % de los gallegos con este tipo de contratos no llegan al límite fijado por el Gobierno, y solo un 10 % de ellos ingresa un máximo de 1.121 euros. La aplicación del SMI les deja como los más beneficiados por la subida, aunque la mayoría no percibirían los 900 euros asignados sino una parte proporcional a las horas que desempeñan.

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