El juicio del agujero de la CEG, una causa abierta hace casi 20 años, suspendido al traspapelarse miles de folios

Las defensas de los quienes se sientan en el banquillo piden la nulidad del proceso y la prescripción de los delitos por el tiempo transcurrido


Santiago de Compostela

El juicio del agujero de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), un caso que estalló en febrero del año 2000 y destapó irregularidades contables de 6,3 millones de euros, ha sido suspendido esta mañana por la aparición de documentación nueva, unos nueve mil folios sobre los cursos de formación y que al parecer se habían traspapelado. Así lo ha decidido el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, en aras de no generar indefensión en los acusados, algo que también ha aceptado la acusación particular, en la que está la patronal gallega, y la Fiscalía y la Abogacía del Estado.  Ambas han defendido que el hecho de que apareciera nueva información que ya existía y estaba ahí no debería propiciar la nulidad del proceso sino la incorporación a la causa. La fiscal ha justificado la no incorporación de estos documentos a la causa en la problemática del día a día de los juzgados.

Mucho más críticas se han mostrado las defensas de los diferentes acusados. «Cuando empezó este proceso yo tenía 40 años y ahora son 59; me voy a jubilar antes de que se termine», ha recordado con ironía el abogado defensor de Rafael Sánchez Sostre, ex secretario de la patronal y principal acusado, y al que la Fiscalía pide cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por un delito de fraude en subvenciones. El letrado de Sánchez Sostre, el primero en tomar la palabra, ha pedido la prescripción de los delitos y los del resto de acusados han incidido en la tesis de que no puede acreditarse la comisión delitos cuando esa documentación, que no estaba en la causa, resulta clave para la defensa. En este sentido, han pedido la nulidad del proceso y que se retrotraiga a la apertura del juicio oral, es decir, al año 2015. Queda ahora por ver qué es lo que decide finalmente el magistrado que lleva una causa por la que ya han pasado 15 jueces: si volver atrás o, una vez estudiada la información por las defensas y rehechos sus escritos, reiniciar el proceso. La nueva información que ha aparecido es la referente a los cursos impartidos en los ejercicios 1998 y 1999, aportada por la Xunta de Galicia y por el Inem.

El endémico atasco de la Justicia, el elevado número de personas implicadas en las irregularidades de unos cursos que prestaban las empresas y, sobre todo, la complejidad de desgranar todo el entramado de facturas de programas financiados con fondos de la UE han contribuido a retrasar el proceso tanto que el caso ha caído en el olvido en una gran parte de la sociedad. De hecho, hay testigos claves que hoy se hallan físicamente incapacitados para responder, como es el caso del que fue tesorero de la CEG Juan Casas González. Además del secretario de la patronal, Sánchez Sostre, que controlaba la parcela de formación, el fiscal pide multas y penas de prisión para otras seis personas, representantes legales de empresas. El ministerio público solicita para todos ellos dos años y multas que van desde los 50.000 a los 500.000 euros. Las sociedades citadas en el escrito de la Fiscalía son Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97. Las presuntas prácticas irregulares que señala el ministerio público son cursos que no se celebraron y que, en cambio, tuvieron la correspondiente ayuda pública; gastos inflados de material didáctico, profesorado y aulas, y excesos contables que, tal y como denuncia el fiscal, permitieron a los imputados obtener una ganancia con cargo a dineros de las Administraciones. Solo entre los años 1996 y el 2000, la CEG recibió 20 millones de euros en fondos para la formación de la Xunta y el Forcem. Eran los tiempos de las vacas gordas, en los que el dinero público fluía y permitía engordar estructuras hoy ya inexistentes.

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