Lo llaman prejubilación, pero es despido

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Juan Medina | Reuters

Las empresas con grandes beneficios, como Telefónica o los bancos, tienen que rascarse el bolsillo para las bajas incentivadas. El Estado no las paga desde el 2012

13 sep 2019 . Actualizado a las 09:52 h.

Para empezar, «la prejubilación no existe». Así responde Pedro Blanco, abogado y coordinador de los servicios jurídicos de UGT, cuando se le requiere para que arroje luz sobre la maraña de instrumentos laborales que manejan las empresas para quitarse de encima personal por las buenas, y al hilo del enésimo plan de bajas incentivadas -mal llamadas prejubilaciones, pues en realidad son despidos pactados- de Telefónica para adelgazar la plantilla en casi 5.000 empleados de 53 o más años. Pero ¿las pagará papá Estado o no?, se preguntarán rabiosos. Pues, en este caso no, la multinacional española se tendrá que rascar el bolsillo a base de bien y asumir el coste. ¿Por qué? Porque tiene beneficios (3.300 millones en el 2018).

Pedro Blanco explica que lo que se conoce como prejubilaciones son despidos. Los trabajadores van al paro durante un máximo de dos años cobrando, si no tienen hijos, un tope de 1.200 euros mensuales, que salen de las arcas del Estado. A partir de esos 24 meses, si se trata de mayores de 52 años, y tienen cotizados más de quince, perciben un subsidio por desempleo de 500 euros (el 75 % del sueldo mínimo interprofesional) hasta la jubilación. Ese dinero también procede del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las empresas que pactan esos despidos con los trabajadores lo que hacen es completar cada una de esas prestaciones (primero la del paro y luego el subsidio) para engordar la nómina y la base de cotización para llegar a la jubilación con un retiro más o menos dorado. Esta es la norma general, es decir, el Estado y las compañías pagan conjuntamente esas bajas laborales pactadas. Pero hay una excepción importante, recogida en la popularmente conocida como cláusula Telefónica del Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más años.

El Gobierno Zapatero se cansó de que la multinacional española abusara de los despidos subvencionados por el Estado, cuando en el 2011 anunció que quería prescindir de 6.500 empleados. Y creó la famosa cláusula. Esta recoge que las empresas con más de cien trabajadores que quieran adelgazar plantilla de 50 o más años y que hubieran tenido beneficios en los dos años previos al expediente de despido colectivo tendrán que asumir el coste del proceso.

De esta manera, al margen de las condiciones económicas que pacte con los sindicatos para complementar los subsidios hasta la jubilación de los afectados, Telefónica tendrá que devolver al Estado todo el gasto generado por las bajas (esos dos primeros años de paro y los siguientes con el subsidio para mayores de 52).

El mismo cuento se puede aplicar a los principales bancos, que últimamente están aplicando expedientes de regulación de empleo para adelgazar plantilla de modo menos traumática.

Jubilación anticipada o parcial

Prejubilación no existe, sí la jubilación anticipada para trabajadores despedidos a partir de 61 años. Colectivos con coeficientes reductores (como los mariscadores) pueden irse mucho antes (con 55), pero «cuanto antes anticipes la jubilación, más penalización en el sueldo», según Pedro Blanco. La Seguridad Social abona la pensión. La empresa, nada.

La jubilación parcial también es para mayores de 60 que reducen jornada laboral y compatibilizan una pensión con el salario hasta que alcance la edad del retiro ordinario. En torno al 75 % del sueldo lo asume la Seguridad Social; el 25 %, la compañía. Esta puede acogerse a esta figura, pero a cambio está obligada a efectuar un contrato relevo para cubrir la jornada que ya no realiza el empleado veterano. Este tipo de jubilación es fruto de un acuerdo triangular entre el Estado, la empresa y el trabajador.