Nuevos documentos amenazan con retrasar el juicio del desfalco de la CEG, ocurrido hace 19 años

Las defensas piden la suspensión de la vista, prevista para el 17


Santiago / La Voz

El juicio por el escándalo de corrupción de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), un caso que se remonta a febrero del año 2000, tenía por fin fecha de inicio casi dos décadas después. El arranque de la vista oral estaba previsto para dentro de una semana (el 17 de septiembre), pero la aparición de nueva documentación amenaza con retrasar aún más el proceso. Las defensas de los acusados acaban de recibir una providencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial por la que se les informa sobre estos nuevos papeles, y han pedido la suspensión para estudiar unos documentos que, de momento, desconocen. Será la sala la que decida ahora si, finalmente, se produce una nueva demora en el caso que lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago. En el escándalo de corrupción de la CEG se destaparon graves irregularidades en los cursos de formación y un agujero de 6,3 millones de euros.

Eran los tiempos de las vacas gordas, en los que el dinero público fluía para financiar a los agentes sociales, tanto a la patronal como a los sindicatos. Aquel episodio, el primero de un reguero que salpicaría después a muchas comunidades, se llevó por delante al entonces todopoderoso rostro de los empresarios de la comunidad, Antonio Ramilo, hoy ya fallecido.

El que fue su mano derecha y secretario por entonces de la organización, Rafael Sánchez Sostre, es hoy el principal acusado. La Fiscalía pide para él una pena de cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros.

Ha transcurrido ya tanto tiempo que uno de los principales argumentos que manejan las defensas, además de apelar a la inocencia de sus clientes, es el de la prescripción de los delitos.

El endémico atasco de la Justicia, el elevado número de personas implicadas en las irregularidades de unos cursos que prestaban las empresas y, sobre todo, la complejidad de desgranar todo el entramado de facturas de programas financiados con fondos de la UE han contribuido a retrasar el proceso tanto que el caso ha caído en el olvido en una gran parte de la sociedad. De hecho, hay testigos claves que hoy se hallan físicamente incapacitados para responder, como es el caso del que fue tesorero de la CEG Juan Casas González.

Además del secretario de la patronal, Sánchez Sostre, que controlaba la parcela de formación, el fiscal pide multas y penas de prisión para otras seis personas, representantes legales de empresas. El ministerio público solicita para todos ellos dos años y multas que van desde los 50.000 a los 500.000 euros.

Las sociedades citadas en el escrito de la Fiscalía son Acro Consultoría Formación, Cares Márketing y Comunicación, Técnicas de Formación, DEO, Dalbe 5, Estudio Global de Gestión y Euroges 97.

Las presuntas prácticas irregulares que señala el ministerio público son cursos que no se celebraron y que, en cambio, tuvieron la correspondiente ayuda pública; gastos inflados de material didáctico, profesorado y aulas, y excesos contables que, tal y como denuncia el fiscal, permitieron a los imputados obtener una ganancia con cargo a dineros de las Administraciones. Solo entre los años 1996 y el 2000, la CEG recibió 20 millones de euros en fondos para la formación de la Xunta y el Forcem.

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