El nuevo bono social de la luz deja sin descuento a un millón de beneficiarios
ECONOMÍA
La aplicación por primera vez de criterios de renta provoca una escabechina
03 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Un millón de beneficiarios menos. Ese es el resultado de la entrada en vigor del nuevo modelo de bono social eléctrico, que desde diciembre del 2018 solo se concede atendiendo a criterios económicos. Es decir, el descuento en la factura de la luz se otorga a los consumidores que menos dinero ingresan, salvo las familias numerosas, que tienen derecho a la rebaja sí o sí, aunque tienen que solicitarla. Consulte aquí todos los detalles y requisitos del nuevo bono social
Según datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -los más recientes se corresponden precisamente con ese último mes del año pasado-, los dos millones de beneficiarios acogidos al mecanismo de ayuda a los consumidores de electricidad de media durante el 2018, han quedado reducidos a la mitad. La nueva vara de medir ha provocado una escabechina. Hasta la implantación de los criterios económicos, el bono social se concedía a determinados colectivos a los que se les suponía pasaban más apuros de dinero: parados de larga duración, jubilados y clientes con potencia contratada de 3 kilovatios, que permiten un consumo eléctrico muy limitado. Todos ellos no han quedado directamente excluidos del nuevo mecanismo, pero para mantenerlo sí tuvieron que demostrar un tope de ingresos.
Durante buena parte del 2018 convivieron ambos modelos de bono para facilitar una transición tranquila, y, sobre todo, para que los que ya eran beneficiarios y reunían los nuevos requisitos tuvieran tiempo para renovar el contrato.
Con los datos más actuales en la mano, resulta que de los descuentos disfrutan un millón de consumidores. La mitad de ellos son familias sin hijos (con ingresos tope de 11.280 euros al año), seguidas de las numerosas (sin límite de renta) y los pensionistas (con la prestación mínima). Solo el 9 % de los usuarios del bono social son familias con uno o dos hijos y techos económicos de 15.000 y 18.800 euros anuales, respectivamente.
En comparación con el mecanismo anterior, que no tenía en cuenta los ingresos, el colectivo de pensionistas ha caído de forma importante: casi un 45 %, al pasar de 283.348 contratos a 156.539 en diciembre del 2018. El de familias numerosas también ha mermado, pero un 8,8 % (de 279.533 a 255.179). Los otros tres grupos, en cambio, han incrementado beneficiarios. El que más, las familias sin menores, que de 256.091 han pasado a 511.709.
Al margen de los colectivos a los que pertenezcan los clientes con bono social, las dos principales categorías en las que se dividen son los consumidores vulnerables y los vulnerables severos. Los primeros disfrutan del descuento del 25 %, mientras que para los segundos es del 40 %. En este último caso, los límites de renta son algo más elevados porque concurren circunstancias tales como la presencia de personas discapacitadas en el hogar o de víctimas del terrorismo o de la violencia de género.
Según los datos de Competencia, la primera categoría es algo más numerosa (528.793) que la segunda (488.040).
Más protegidos que nunca
El bono social se puede solicitar siempre, es decir, no hay plazos para ello, aunque hay que reunir los requisitos de renta. Los trámites hay que realizarlos a través de la compañía eléctrica. Son más engorrosos y estrictos que nunca, un factor que puede explicar la caída de beneficiarios. Eso y la falta de información sobre el nuevo mecanismo. Este proporciona, en cambio, más protección que nunca a los consumidores más vulnerables. Así, está prohibido cortar el suministro de energía por impago de alguna factura a cualquier usuario del bono social que tenga a su cargo un menor de 16 años o con una discapacidad igual o superior al 33 % o con grado de dependencia II o III.
Además, todos los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un período más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores: cuatro meses desde la primera notificación, frente al plazo general de dos.
La nueva regulación del bono recoge una tercera categoría de usuarios que no aparece en la estadística de Competencia: los que se encuentran en riesgo de exclusión social. Se trata de familias que ya están en manos de los servicios sociales municipales, pues precisan apoyo económico para sufragar sus gastos de primera necesidad. A ellos tampoco se les puede cortar el suministro y quedan exentos del pago de las facturas eléctricas.
Todas estas subvenciones a la luz son asumidas por las compañías eléctricas -una obligación que han recurrido en los tribunales-. El presupuesto rondaba los 200 millones anuales.
