En seis de cada diez concellos hay más pensionistas y parados que trabajadores

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ANGEL MANSO

Solo en 15 municipios se llega a la ratio de dos cotizantes por jubilado que garantiza las prestaciones

23 ago 2019 . Actualizado a las 21:13 h.

Nunca en la historia hubo tanta gente trabajando en España. A pesar de que los últimos datos alertan de la ralentización del mercado laboral, los más de 19,5 millones de afiliados a la Seguridad Social en julio suponen un nuevo récord de ocupación. En Galicia, aunque todavía no se ha recuperado todo el empleo destruido en la crisis, en los últimos cinco años se han creado más de 136.000 nuevos puestos de trabajo, suturando parcialmente las heridas de la recesión.

Pero por mucho que mejore la economía, el avance sirve apenas para maquillar los efectos que el invierno demográfico provoca en la comunidad, donde solo 119 de los 313 ayuntamientos tienen más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que pensionistas y parados. O, dicho de otra manera, en seis de cada diez localidades hay menos cotizantes que personas cuyos ingresos dependen de las aportaciones de los primeros al erario.

A los datos, como siempre, se les puede buscar la lectura positiva. Y es que la situación ha mejorado en los últimos años. Basta comparar la situación con la del 2015, cuando se empezaba a salir de la crisis y la relación entre ocupados y jubilados y desempleados solo era positiva en 70 municipios, medio centenar menos que ahora.

Pero, en lo sustancial, el mapa no ha cambiado mucho, como se puede apreciar en el gráfico que acompaña esta información y que muestra que la práctica totalidad de la provincia de Ourense (donde solo 7 de los 92 concellos presentan ratios positivas), una buena parte de la de Lugo y el interior de las de Pontevedra y A Coruña presentan altas tasas de dependencia económica. Tan elevadas que hasta el Servicio Público de Empleo, en sus informes sobre el mercado de trabajo en Lugo y Ourense, apunta a que ambos territorios tienen «un problema muy serio con la pérdida y el grado de envejecimiento de su población».

Llega incluso a advertir que «si la progresión sigue así, la viabilidad de sistemas implantados en la actualidad [...] como las pensiones puede verse afectada». Quizás una frase alarmista en exceso, ya que el pago de las prestaciones está blindado por el sistema de caja única por el que se rige la Seguridad Social, que garantiza la solidaridad interterritorial y que las comunidades donde los ingresos superan los gastos compensen los déficits de aquellas donde no se llega al equilibrio. Entre ellas, Galicia (donde, si se sacan de la ecuación las cifras de desempleados, tan solo quince concellos presentan una ratio superior a los dos cotizantes por pensionista -la media en España está en los 2,3, aunque lo óptimo se considera a partir de 3-).

A falta de los datos del cierre definitivo del ejercicio 2018, las cuentas de la Seguridad Social muestran que en la comunidad los ingresos por cotizaciones apenas cubren dos terceras partes de la nómina de las pensiones, que crece a un ritmo mucho mayor que las aportaciones de los trabajadores, ya que la creación de empleo en los últimos años no se ve acompañada de una subida generalizada, y generosa, de los salarios. Esto limita la recaudación, que apenas llega a los 5.280 millones de euros, frente a los casi 8.300 que se van en el pago de prestaciones. Para equilibrar las cifras, y con los niveles actuales de cotización, harían falta algo así como 400.000 nuevos puestos de trabajo para equilibrar las cuentas del sistema de pensiones en Galicia (o recortar un 40 % las prestaciones).

Y no es un caso aislado, ya que solo cuatro de las 17 comunidades (Madrid, Baleares, Canarias y Murcia) serían capaces de pagar a sus jubilados con lo que aportan los trabajadores de la región.

Un círculo vicioso

Pero, volviendo a Galicia, ¿qué provoca la desertización económica del interior de la comunidad? Además del envejecimiento de la población, el informe del SEPE añade otros factores, como «la emigración de la mano de obra cualificada y la dificultad para atraer talento; así como el abandono de la actividad primaria y la falta de presencia y debilidad del sector industrial». Además, las empresas tienen un tamaño muy reducido y hay muy pocas con la dimensión suficiente para «generar dinámicas positivas de crecimiento».

Estas se concentran, como muestra el gráfico, en las ciudades y en sus áreas metropolitanas. De hecho, las menores tasas de dependencia económica (es decir, donde hay más trabajadores para sostener a los pensionistas y desempleados) se registran en los municipios del cinturón de Santiago (Ames, Oroso y Teo) y A Coruña (Cambre, Culleredo, Arteixo y Oleiros). Ente los diez primeros figuran también Barbadás, Salceda de Caselas y Ribadumia.

De las siete ciudades, solo Ferrol presenta una ratio negativa. Y es que frente a los más de 15.400 pensionistas que viven en la ciudad y los 4.728 parados, la urbe naval cuenta actualmente con solo 18.594 trabajadores en alta. Muy diferente a la proporción que presenta la vecina Narón, donde hay apenas 9.940 jubilados y desempleados frente a más de 13.900 ocupados.