Las pensiones y los salarios de los funcionarios quedan congelados por la ausencia de Gobierno

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSE PARDO

Un Ejecutivo en funciones no podría elevar las pensiones más del 0,25 % ni aprobar el incremento a los funcionarios

08 ago 2019 . Actualizado a las 19:22 h.

«Las pensiones no se pueden dejar sin regular porque no sean capaces de formar un Gobierno», reclama Fernando Lezcano, secretario de Organización y portavoz de CC. OO. Su sindicato advirtió esta semana sobre el riesgo de que las pensiones públicas se revaloricen solo un 0,25 % el próximo 1 de enero si no se constituye un Gobierno que pueda aprobar una norma con rango de ley para elevar la subida. La ausencia de Ejecutivo lastraría el poder adquisitivo de los más de 670.000 pensionistas gallegos, circunstancia que también afecta a los cerca de 150.000 empleados públicos en la comunidad que verán sus salarios congelados.

Las protestas de los jubilados, uno de los pocos colectivos capaces de llenar hoy las calles, permitieron paralizar la aplicación de la norma introducida por el PP en el 2013 y ligar de nuevo el incremento de las pensiones con el IPC. El año pasado, el Ejecutivo socialista elevó la subida hasta el 1,7 %, tendencia que incorporaba a los Presupuestos rechazados por el Congreso. Con la ley sin cambiar, el alza volverá a ser la mínima el próximo año mientras no se constituya un nuevo Gobierno. Sin la fórmula del real decreto ley, el único método de indexar el incremento de las pensiones a la inflación parte de la formación de un Ejecutivo con plenos poderes antes de finalizar el 2019.

Los sindicatos piden, además, descartar de forma definitiva la aplicación del factor de sostenibilidad, que ajusta la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y cuya entrada en vigor había sido retrasada hasta el 2023. La idea detrás de este índice es que los nuevos jubilados cobren menos al mes, pero durante más años.

Sin subida para los funcionarios

El aumento salarial previsto para los empleados públicos también queda congelado. A mediados de junio, los sindicatos de funcionarios abordaron con el Gobierno un alza adicional del 0,25 %, un acuerdo alcanzado ya con el Ejecutivo anterior. «Gracias a nuestra insistencia se ha podido hacer efectiva esta subida y se consiguió también que el anterior incremento del 2,25 % se hiciese vía decreto y no vía Presupuestos, porque si no, todavía estaríamos esperando», señaló entonces Miguel Borra, presidente del CSIF.

La anterior subida a la que hace referencia Borra, aprobada por decreto en diciembre, no podría aplicarse para el próximo año en las actuales circunstancias. «El incremento salarial exige de una norma con rango de ley», insisten desde los sindicatos.

El Ministerio de Administraciones Públicas, sin embargo, alega que sí podría aplicarse en caso de prorrogar los Presupuestos del 2018, donde figuran los acuerdos suscritos primero con el Gobierno del PP y luego asumidos por el gabinete de Sánchez. El documento prevé que, en el 2020, la retribución de los empleados públicos se incremente entre un 2,3 % y un 3,85 % (la cifra final irá en función de una serie de variables como el crecimiento del PIB o el cumplimiento del objetivo de déficit). Fuentes del ministerio sostienen que el Gobierno adquirió el compromiso de «respetar estos acuerdos», escudándose en el decreto ley aprobado el pasado mes de diciembre.

El Ejecutivo se encontraba entonces en una situación de minoría parlamentaria, pero con plenos poderes para impulsar «viernes sociales» como el de aquel Consejo de Ministros celebrado en Barcelona donde se aprobó el aumento salarial para los empleados públicos. Ahora, con el Gobierno en funciones, los socialistas no tendrían capacidad de iniciativa legislativa para repetir la fórmula empleada en diciembre. Los sindicatos apuntan que la única forma de aprobar los incrementos sería a través de la iniciativa parlamentaria de un grupo del Congreso, que se disolvería a finales de septiembre si Sánchez no logra la investidura. Con una nueva convocatoria ante las urnas, prevista para noviembre, el gobierno resultante sería incapaz de ejecutar los aumentos de las retribuciones hasta el próximo año.

Sánchez recibe en Moncloa a sindicatos y patronal en busca de apoyos

El presidente en funciones continúa enfocado en una nueva sesión de investidura y recibirá este jueves en la Moncloa a sindicatos y patronal. Los representantes de los trabajadores urgen la formación de un Gobierno para iniciar las reformas que ansían. «El adelanto electoral no es una opción, volver a hacerlo es desplazar sus incapacidades al electorado», reprocha Lezcano. La CEOE aboga por una nueva convocatoria electoral en noviembre que deje un país «más tranquilo».

El portavoz de CC. OO. reconoce que la reunión tratará «términos generales», a expensas de las propuestas que les traslade Sánchez, tras tres meses sin comunicación entre Gobierno y sindicato. Sobre la mesa estarán la reforma laboral, el reajuste de las pensiones o la subida salarial de los funcionarios. Puntos que quedarán en papel mojado con un Ejecutivo sin plenas funciones como el actual, incapaz de aprobar un real decreto ley salvo en casos de extraordinaria urgencia -y que luego ha de ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes-.

«Vamos a plantear aspectos que ya estaban negociados y no se les ha dado salida», avanza Lezcano. Uno de ellos es la reforma laboral, sobre la que «ya había puntos que estaban negro sobre blanco». El portavoz de CC. OO. se refiere al preacuerdo alcanzado el año pasado entre los dos principales sindicatos y el Gobierno. El documento, al que no se sumó la CEOE, incluía puntos que ya han sido aprobados, como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, y otros que se mantienen en la nevera, especialmente la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que cambia los requisitos de subcontratación.