Hacienda recupera 15.000 millones defraudados, 500 menos de lo esperado

La Agencia Tributaria hace aflorar en tres años 122.000 alquileres no declarados


Colpisa

La Agencia Tributaria recuperó 15.088 millones en el 2018 a través de la prevención y la lucha contra el fraude, lo que significa un 2 % más (296 millones) que el año anterior, según los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Hacienda. En total, se realizaron más de 27.600 actuaciones sobre grandes empresas morosas, patrimonios y economía sumergida.

Ese balance supone volver a la tendencia alcista y recuperar los 15.000 millones de recaudación por estos controles, una cifra alta, la mayor desde el 2015, pero que se queda corta si se compara con la estimación del Gobierno. El Ministerio de Hacienda en su proyecto fallido de Presupuestos para este año planteaba un aumento de la recaudación este año de más de 800 millones a través de la limitación de los pagos en efectivo, reforzar la lista de morosos y la adopción de mejores prácticas internacionales antifraude. Sin embargo, la falta de aprobación de las cuentas ha impedido la puesta en marcha de estas medidas, que han restado 532 millones a una previsión que para organismos como la AIReF era demasiado optimista.

Hay que tener en cuenta que la cifra global de recaudación se divide en dos partes. Por un lado, los resultados directos, que han supuesto 14.490 millones de recaudación (un 1,9 % más) y entre los que destacan los ingresos por liquidaciones y actos de gestión recaudatoria al aumentar un 2 % y sumar más de 8.000 millones. Por otro, se suman los ingresos del Tesoro Público, que aunque no pueden atribuirse directamente a la actuación de control son consecuencia de actuaciones de la AEAT. Alcanzaron los 599 millones, un 5 % más que en el 2017.

Pero la desviación en las previsiones de recaudación no son algo novedoso. Desde el 2008 (a excepción del 2010) nunca se han cumplido las estimaciones de ingresos, según palabras del propio Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria, con desviaciones «incluso en los ejercicios en los que la evolución de la economía superó las expectativas».

156.000 millones desde el 2004

La recaudación total del Estado desde el 2004 a través de actuaciones contra el fraude fiscal es de 156.132 millones. Antes de esa fecha, Hacienda también lo controlaba, pero los datos solo constan desde hace quince años, según explican fuentes del ministerio. Así, desde que en el 2015 marcara un máximo de 15.664 millones, la cifra ha ido descendiendo hasta los 14.792 millones del 2017, aunque si se comparan los datos con los de la década pasada, se ha doblado la recaudación.

El año pasado se creó la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes, en el seno de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Hacienda explica que en ella se ha coordinado el seguimiento de unos 170.000 contribuyentes que conforman este colectivo, con lo que se lograron ingresar, solo durante el 2018, más de 347 millones en 494 expedientes, un 44 % más que el año anterior.

Por su parte, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mostró su «satisfacción» por los «importantes» datos registrados y destacó la «medida acertada» de crear una unidad para el control de grandes patrimonios, al especializarse en corporaciones con entramados societarios. Avanzó además que es «importante» que se conforme el Gobierno para poder retomar la ley de lucha contra el fraude, que incluye la prohibición de las amnistías fiscales.

Control a los arrendadores

Durante este año, Hacienda ha multiplicado los avisos a los propietarios de viviendas en alquiler para prevenirlos de la necesaria tributación de esas rentas. Así, frente a los 136.600 avisos incluidos en los borradores de la declaración de la renta el año pasado, el fisco remitió en este ejercicio 700.000 avisos a los contribuyentes con ingresos por arrendamientos, tanto tradicionales como vacacionales. El bum de mensajes se debe sobre todo a la nueva normativa que afecta a plataformas como Airbnb para que aporten a Hacienda la información de casas que tienen en alquiler en su web.

Así, la AEAT explicó que ya tiene el resultado completo del análisis sobre el efecto inducido del envío de avisos de datos fiscales a arrendadores. En tres años, se han dato de alta más de 122.000 contribuyentes, lo que supone el 30,8 % del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios desde el 2014. Esto supone que se han destapado más de 122.000 alquileres por los que no se tributaba, incrementando la base imponible en 1.346 millones.

Cuando el fraude se perpetra con tarjetas vinculadas a cuentas en el extranjero

La Agencia Tributaria inspeccionó el año pasado a 66 contribuyentes sospechosos de fraude que eran titulares de tarjetas de crédito que la propia Hacienda denomina offshore, es decir, están vinculadas a cuentas bancarias abiertas en el extranjero, pero se utilizan aquí, en España. En el 2017 fueron treinta. Además, Hacienda avanza que para este 2019 está ojo avizor sobre 500 titulares más.

Los inspectores analizan sobre todo casos de contribuyentes que se declaran no residentes a efectos fiscales y utilizan de forma reiterada en España tarjetas de pago emitidas por entidades extranjeras, pues puede estar intentando repatriar fondos depositados a espaldas de la Agencia Tributaria en cuentas en el extranjero.

Hacienda explica que estos contribuyentes normalmente tratan de ocultar su elevado nivel de vida usando la tarjeta emitida en el extranjero o dinero en efectivo para pagar los gastos diarios. También utilizan sociedades controladas por ellos para detentar la titularidad de viviendas de lujo, vehículos, buques...

Bien asesorados

«Normalmente, este perfil de contribuyentes se encuentra asesorado por profesionales altamente cualificados que les facilitan estructuras de planificación fiscal fraudulenta», señala la Agencia Tributaria. Todo para «dificultar la identificación del contribuyente o la incorporación de sus bienes, derechos u operaciones en las bases de datos de la Agencia Tributaria» y realizar «operaciones mercantiles sofisticadas y complejas que permitan evitar la tributación por las ganancias patrimoniales obtenidas».

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