El BBVA, imputado como persona jurídica por el caso Villarejo

La entidad será investigada por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que hizo al excomisario


La sombra de la sospecha se cierne cada vez más negra sobre el BBVA. Después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara abrir investigación al banco por el escándalo del caso Villarejo, ahora el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha señalado directamente a la entidad. El magistrado encargado del caso del excomisario ha decidido imputar al BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los pagos que realizó durante varios años al excomisario de policía a cambio de sus trabajos de espionaje.

Tal y como recoge la agencia Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas a través de los servicios de Cenyt, el grupo empresarial del que era dueño el polémico comisario Villarejo. La investigación se enmarcaría en la novena pieza del caso Tándem, que estudiará los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre del 2017.

Según las primeras pesquisas que manejan los investigadores, el objetivo que perseguía el BBVA  con la contratación de los servicios de Villarejo sería conocer toda la información relacionada con la constructora Sacyr, para tratar de frenar así el desembarco de la constructora en el Consejo de Administración de la entidad.

Seguimientos y pagos ilícitos

Según el escrito presentado por Anticorrupción, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para desarrollar servicios de inteligencia «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía asegura además que del análisis de la documentación incautada en los registros y la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil CENYT afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período.

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