La Fiscalía eleva a 8 años y medio la petición de cárcel para Rodrigo Rato

El futuro procesal de la antigua cúpula de Bankia se vio ayer un poco más ennegrecido tras confirmar la Fiscalía Anticorrupción el endurecimiento de la postura que adelantó en noviembre pasado, al comienzo del juicio por la polémica salida a bolsa de la entidad en julio del 2011. Ahora el número de exconsejeros y exdirectivos acusados por el ministerio público se triplica, al pasar de los cuatro iniciales con el expresidente Rodrigo Rato a la cabeza a un total de 14. Asimismo, al delito de presunto fraude a inversores que les imputaba añade ahora otro de falsedad documental por el supuesto engaño de las cuentas del banco en el 2010 y también en el 2011.

Para la fiscala Carmen Launa, estamos ante un proyecto que pecaba totalmente de «inconsistencia», lo cual era «plenamente conocido» por los dos máximos responsables de la entidad en aquella época, el citado Rato y el entonces vicepresidente José Luis Olivas, dos antiguos políticos (el primero llegó a ser vicepresidente económico del Gobierno y el segundo presidente de la Generalitat valenciana) metidos a financieros. Ambos, insistió en sus conclusiones finales ante el tribunal de la Audiencia Nacional presidido por la veterana magistrada Ángela Murillo, tuvieron una «especial responsabilidad» en que el referido estreno bursátil se realizara «sustrayendo a los inversores la información esencial acerca de la verdadera situación patrimonial» de Bankia e incluso, directamente, de su propia inviabilidad ante la pérdidas multimillonarias que arrastraba en realidad.

Por eso reclama las mayores penas para ambos: ocho años y medio de cárcel para Rato y otros cinco para Olivas, además de entre cinco y seis años para José Manuel Fernández Norniella, quien como adjunto a la presidencia del banco era la tercera persona con mayor poder dentro de él en aquella época. Para el que fue director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, la condena requerida queda en dos años y medio, mientras que para las diez personas restantes no pasa de los dos años, por lo que al carecer de antecedentes penales no entrarían en prisión en caso de que fueran declarados culpables. Entre ellos se encuentra Francisco Verdú, quien fue consejero delegado en parte de la etapa juzgada (llegó con la salida a bolsa prácticamente ultimada), quien se ve algo favorecido porque la Fiscalía no lo imputa por estafa.

Entre los nuevos señalados en el escrito final de Anticorrupción destaca otro expolítico, el exministro Ángel Acebes (para quien reclama de nueve meses a un año y medio de cárcel), a quien Rato situó como consejero responsable del comité de auditoría de Bankia y su matriz, BFA, junto a Pedro Bedía, Rafael García-Fuster, Alberto Ibáñez y Araceli Mora, también incluidos a última hora en la misma lista de acusados. Además, añade al socio auditor de la firma Deloitte que revisó las cuentas del banco, José Francisco Celma, para quien pide ahora dos años de prisión por falsedad contable, mientras que para el entonces interventor Sergio Durá solicita de uno a dos años por el mismo motivo.

Anticorrupción, triplica el número de acusados por el caso e incluye al exministro Acebes Del auditor señaló Launa que su decisión de informar de manera favorable sobre las cuentas anuales del 2010 «estaba tomada de antemano, siendo su informe una formalidad sin contenido alguno». No obstante, reconoció que para analizar después el balance del 2011 sí se quejó a los responsables de auditoría del banco de que le faltaban datos que él veía claves. A ellos y al referido Durá los acusa por eso de «obstaculizar» dicha labor para «dilatar la remisión de la información requerida que habría provocado el afloramiento de los deterioros que se pretendían ocultar», con el fin de «mantener una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial de BFA/Bankia alejada de la realidad»

Nuevas pruebas

Según explicó la representante de ministerio público, «las nuevas pruebas» vistas durante el juicio la han obligado a «introducir matices y dar más importancia a algunos extremos». Así, por ejemplo, da por probado que hubo falsedad contable en Bankia tanto en los balances anuales del 2010 tras la controvertida fusión de siete cajas de ahorros que alumbró la entidad como en las últimas incluidas en el folleto de la salida a bolsa (las de marzo del 2011) y también las de finales del 2011, que fueron reformuladas (se pasó de un beneficio anual ficticio de 309 millones a unas pérdidas de 2.979 millones) por el equipo actual dirigido por Goirigolzarri y provocaron su costoso rescate (24.424 millones de euros en total).

Bankia, BFA y Deloitte se libran de la responsabilidad penal

En su escrito de acusación la fiscal Carmen Launa considera que en lo esencial fueron decisiones individuales o auspiciadas por la antigua cúpula las que llevaron al fiasco de la salida a bolsa de la entidad. Por eso deja fuera de responsabilidad penal a las tres personas jurídicas imputadas: Bankia, BFA y Deloitte. Sin embargo, se la mantiene en el plano civil para que respondan de forma solidaria por las posibles indemnizaciones que pudiera fijar el tribunal, que a criterio de la Fiscalía no deberían superar los dos millones de euros para satisfacer a los inversores minoristas personados en la causa que no han llegado todavía a un acuerdo.

En cualquier caso, tanto las acusaciones populares (entre ellas la asociación Adicae, la Confederación Intersindical de Crédito y la plataforma 15MpaRato) como las particulares elevan esas reclamaciones por encima de los tres millones de euros y mantienen su petición de penas para los 34 acusados en total

?parte de los cuales ya fueron condenados por apropiación indebida en el juicio de la llamadas tarjetas black?, según adelantaron este lunes sus abogados respectivos. Por su parte, el letrado del FROB (como perjudicado) se adhirió en lo esencial al escrito del la Fiscalía.

Antes de dejar el juicio visto para sentencia, el tribunal deberá escuchar los alegatos de las defensas.

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