Respalda la idea del Ejecutivo de Sánchez de equiparar la carga impositiva del diésel y la gasolina
13 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El progreso social de España en la última década ha sido «limitado». Así lo indica el último informe de la OCDE, que subraya que la desigualdad ha aumentado desde el 2007 y está por encima de la media de los países que componen el club de los más ricos. Y eso porque el paro sigue siendo muy elevado, lo que ha derivado en una gran caída de los ingresos de la clase media.
Por ello, desde la OCDE reclaman que el sistema tributario de España sea más «progresivo» para que las empresas tengan un mayor margen de crecimiento y se reduzca así la tasa de desempleo.
En esa misma línea, el organismo apuesta por reducir la gran dualidad del mercado laboral, conformado por una gran parte de trabajadores con contratos temporales. «Tener una alta proporción de empleos temporales aumenta la precariedad, limita la movilidad laboral y eleva el nivel de pobreza», reza el informe. Recomienda buscar una «mayor convergencia» del coste de los despidos de indefinidos y temporales. Además, piden a España que reduzca las contribuciones que el empresario debe pagar a la Seguridad Social en el caso de que este haga indefinidos a los trabajadores con empleos más precarios. Y es que en materia de paro, la OCDE matiza que a pesar de que las reformas de las políticas de activación del empleo han continuado, su implementación «está retrasada». «Se debe hacer más en este área, sobre todo para ayudar a los desempleados de larga duración», señala la institución. Por ello, apuesta por un crecimiento inclusivo basado en la innovación -cuyo gasto bajó «sustancialmente» durante los años de la crisis- para aumentar la tasa de empleo y la productividad. Esta se puede incrementar cambiando la carga impositiva de las empresas. «Aumentar la movilidad laboral y mejorar el acceso a la educación vocacional disminuiría las desigualdades en el mercado laboral e impulsaría las habilidades», dice la OCDE.
Impuestos verdes
La organización reconoce que en el 2017 se introdujeron medidas para ampliar los ingresos vía impuestos con la subida del tipo impositivo para el alcohol y el tabaco. Y en materia medioambiental apuesta por elevar la tributación de los combustibles para reducir paulatinamente las emisiones de CO2 y otros contaminantes, aunque reconoce que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita están por debajo del promedio de la OCDE.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, mostró su desacuerdo con la recomendación de despidos más baratos, al tiempo que enfatizó que para el Gobierno es una «prioridad» luchar contra la precariedad laboral y que se cree empleo de calidad.
En su opinión, es más eficaz apostar por el diálogo social y por derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, como ya ha comentado en más de una ocasión la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. En lo que sí está plenamente en consonancia Montero con la OCDE es en la necesidad de subir el precio del diésel para mitigar las emisiones de gases contaminantes. La intención del Ejecutivo es equiparar progresivamente su precio al de la gasolina, en línea con las peticiones del organismo, porque no tiene «ningún sentido» la situación actual. Aseguró que es una medida «disuasoria», más que «recaudatoria».