La renta mínima que propone la Autoridad Fiscal rebajaría la pobreza por debajo de la tasa de la UE

Con un 6,9 %, España es el segundo país del ránking europeo, solo por detrás de Rumanía, y pasaría al 2,7 %


La propuesta planteada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de una renta mínima estatal, compatible con empleo de salario bajo, reduciría la tasa de pobreza severa en España hasta el 2,7 %, es decir, a un nivel inferior a la media de la UE (del 3,5 %). El cambio sería sustancial, ya que el país está actualmente en el 6,9 %, a la cabeza del ránking europeo, solo por detrás de Rumanía.

Según fuentes del organismo que preside José Luis Escrivá, su alternativa sería más eficaz para rebajar el nivel de pobreza severa que la diseñada por los sindicatos UGT y CC.OO., llevada al Congreso en el 2016 a través de una iniciativa legislativa (ILP) respaldada por 700.000 firmas. La opción sindical, que vincula la renta básica al desempleo de larga duración en lugar de a los ingresos de los hogares, solo moderaría dicha tasa hasta el 5 %, casi la mitad que la fórmula de la AIReF.

La Autoridad Fiscal acaba de hacer público el estudio elaborado por encargo del anterior Gobierno (por mandato del Consejo de Ministros del 2 de abril del 2018) para evaluar el impacto fiscal de la prestación planteada en la ILP. Entre sus conclusiones, destaca que dicha propuesta de renta mínima estatal, vinculada al desempleo de larga duración y que coexistiría con las demás prestaciones existentes, mejoraría un 4 % la distribución de la renta, reduciría la pobreza extrema en un 28 % y beneficiaría a 1,1 millones de hogares, pero tendría un coste fiscal elevado, que para el 2017 se estimó en más de 7.200 millones de euros, con riesgo de aumentar hasta los 9.800 millones por el posible efecto llamada. Además, en situación de crisis grave y prolongada, el coste podría alcanzar los 11.000 millones.

Propuesta más eficiente y de menor coste: 3.500 millones frente a 7.500

Por ello, la AIReF defiende una propuesta alternativa, más eficiente y de menor coste, que pasa por desligar del desempleo el acceso a la prestación y fijar la renta de los hogares como requisito de acceso, focalizándolo en los que sufren pobreza extrema, definida como ingresos inferiores al 30 % de la mediana de renta disponible (en España para el 2017 era de 335 euros mensuales para un individuo o de 746 para hogares con dos adultos y dos niños). El organismo alerta de que si la prestación es incompatible con el empleo, como proyectaron los sindicatos, tendría un efecto desincentivador a participar en el mercado laboral, que se elimina con el criterio de renta.

La fórmula de la Autoridad Fiscal reduciría hasta en un 60 % la pobreza severa, elevaría a casi dos millones de hogares (1,8 en concreto) el número de potenciales beneficiarios y rebajaría el coste, ya que caería a 5.500 millones anuales que, reduciendo 2.000 millones de duplicidades, quedaría en 3.500 millones, es decir, la mitad que la propuesta de la iniciativa legislativa popular.

En concreto, hace dos propuestas para resolver los problemas de diseño detectados en la prestación de UGT y CC.OO. y mejorar su eficacia. Una de las fórmulas focaliza la ayuda en los hogares más pobres sin establecer requisitos respecto al empleo y plantea una prestación con dos tramos. Si los ingresos del hogar son inferiores al 20 % de la mediana, los beneficiarios percibirían una prestación equivalente al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), y un complemento por hijo a cargo de 1.200 euros al año (con un máximo de tres hijos). Si los ingresos varían entre el 20 % y el 60 % de la mediana, solo recibirían el complemento por cada hijo a cargo.

La segunda propuesta parte de los mismos requisitos que la anterior, intentando corregir los saltos en la renta y dando continuidad a la prestación. Así, los hogares con ingresos por debajo del 30 % de la mediana percibirían una ayuda decreciente desde el 80 % al 10 % del IPREM y el complemento por hijo sería de 1.680 euros. Si los ingresos oscilasen entre el 30 % y el 60 %, solo quedaría la asignación por hijo, de 1.200 euros.

En ambos casos, el coste de la implementación de la prestación sería de 5.500 millones (3.500 sin duplicidades), aunque con la primera fórmula la pobreza severa se reduciría un 60,4 % y con la segunda algo menos, un 46 %.

La AIReF destaca que cualquiera de las vías evitaría el efecto llamada, además de sustituir las prestaciones existentes (tanto nacionales como autonómicas) por la nueva propuesta, que las comunidades podría complementar, tanto en cobertura como en cuantía.

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