Bruselas valida la reforma de la ley hipotecaría y libra a España de una multa millonaria
ECONOMÍA
La sanción por incumplir el plazo podría alcanzar los 80 millones de euros
24 jun 2019 . Actualizado a las 07:55 h.Bruselas ha retirado la denuncia contra España, que implicaba una posible multa de 80 millones de euros, tras dar por buena la reforma de la ley hipotecaria, y considerar que la transposición de las normas europeas ha sido correcta. Finalmente, la Comisión Europea ha comunicado a la secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo que España ha trasladado correctamente la directiva europea a la legislación española y, en consecuencia, ha acordado desestimar el caso, según han confirmado a Europa Press varias fuentes europeas. El Ejecutivo comunitario formalizó este procedimiento el pasado 16 de junio, el día que entró en vigor la nueva ley hipotecaria. El siguiente paso a dar ahora será que el tribunal europeo emitirá un auto de cierre del caso, según marca el reglamento del organismo judicial comunitario. A partir de entonces ya solo quedará un asunto pendiente: saber quién paga las costes del proceso. El reglamento establece que es el demandante que desiste el que tiene que hacerse cargo de estos gastos, pero esta responsabilidad puede trasladarse a la parte denunciada «si se estimase que la actitud de esta última lo justifica».
Una denuncia del 2017
Bruselas denunció a España ante la Justicia Europea en abril del 2017 por no haber aprobado una nueva ley que trasladase al acervo nacional la directiva sobre créditos hipotecarios, algo que debería haber hecho como muy tarde el 21 de marzo del 2016. La multa que solicitaban para España ascendía a 106.000 euros por cada día de retraso en aprobar la nueva norma desde el fallo. El caso seguía su curso aunque la norma fue aprobada por el Congreso de los Diputados finalmente a finales de febrero de este año. Bruselas envió una primera advertencia en el 2016 a las autoridades españolas. Después mandó un segundo aviso en noviembre de ese mismo año. En opinión del Abogado General, la falta de transposición de las normas comunitarias para los intereses públicos y privados podía considerarse como «significativa» en el contexto español, «especialmente a la luz de los problemas en el sector hipotecario».