Envejecido y contaminante, así es el parque de vehículos de los políticos

El coche eléctrico brilla por su ausencia y la mayoría de los modelos superan los 10 años


redacción / la voz

Si la coherencia fuera un requisito imprescindible en el currículo de un político, los vehículos de los miembros de un Gobierno (ahora en funciones) que abandera la ecomovilidad, y sitúa el fin los motores diésel y la gasolina en el 2040, cuando menos, deberían dar ejemplo.

Pero no hay ni un solo coche eléctrico aparcado en la Moncloa, y analizando el parque móvil que utiliza el Ejecutivo en su vida pública, la conclusión es que se trata de una flota envejecida, y muy poco limpia.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, tiene a su disposición tres unidades blindadas del modelo A8 de Audi, todas ellas con motorización de gasolina.

El conjunto de los miembros del último Ejecutivo, formado por 18 personas, utiliza 35 vehículos oficiales para sus desplazamientos. Casi todos son Peugeot 607 (para los ministros) con más de 18 años de antigüedad, según datos del Parque Móvil del Estado (PME), aunque en el último año, el Ejecutivo adquirió diez unidades con un sistema de propulsión híbrido de gasolina.

A título particular, la Ministra de Transición Ecológica, que popularizó la frase «el coche diésel tiene los días contados» en su declaración de bienes, confiesa poseer un Peugeot 307 del 2007 y un Peugeot 5008 del 2011. Ambos de motor de combustión.

En el caso de los líderes políticos de la oposición, lo habitual es que sus vehículos oficiales sean propiedad de sus partidos. Por ejemplo, el secretario general de PP, Pablo Casado, utiliza en sus actos públicos (los últimos, en campaña) un Volkswagen Passat del que no hay apenas información. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, declara tener un Volkswagen Golf del 2011, aunque se mueve desde hace meses con un Lexus LS500h de renting a nombre de Ciudadanos. 

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, declara un Dacia Sandero del 2017, aunque en la pasada campaña electoral apareció con la última versión del Volkswagen Golf.

En la política autonómica la situación es muy parecida. Un total de 1.992 unidades componen la flota a motor de la Xunta, un listado que incluye desde los turismos de uso de los cargos y personal (1.500), hasta los 400 vehículos de distintos usos, desde tractores, hasta camiones.

En el parque móvil de la Xunta hay más de 400 Citroën, entre ellos cuatro unidades Citroën C6, de las que hacen uso el presidente Feijoo y algunos conselleiros; más de medio millar de Citroën C5 y alrededor de cuarenta C4, todos de motor de combustión.

El líder del PSdG, Gonzalo Caballero utiliza un C4 del partido de más de diez años; y Ana Pontón del BNG, un Renault Mégane de más de cinco años.

La patronal de los fabricantes pide un IVA reducido para impulsar las ventas de coches eléctricos

Ana Balseiro

Que el futuro pasa por el coche eléctrico parece claro. ¿Pero qué pasa con el presente? El vicepresidente ejecutivo de la patronal de los fabricantes de vehículos (Anfac), Mario Armero, puso el foco este martes en el hecho de que actualmente sus ventas son residuales, apenas el 0,8 % del total. Por ello, para impulsar las compras de este tipo de vehículo -ecológico pero todavía caro-, planteó como «mejor mecanismo» un IVA reducido. «España no puede hacerlo, tiene que negociarlo con la Unión Europea». Esa fue la petición que lanzó al nuevo Gobierno, durante su intervención en el seminario sobre finanzas sostenibles organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Armero defendió como prioritario enviar un mensaje de «tranquilidad» a la ciudadanía, porque los consumidores están «confundidos» y por eso no compran el vehículo nuevo que necesitan o, en su defecto, optan por uno de segunda mano, «de 20 o 25 años, menos seguros y más contaminantes».

Evitó polemizar sobre si la estrategia del Ejecutivo en funciones (equiparar el impuesto al diésel y la gasolina o asegurar, como hizo la ministra de Transición Ecológica, que el primero tiene los días contados) era la responsable de la caída registrada en las ventas. Negó que «hoy por hoy haya una discriminación del coche diésel». «Hay que mirar hacia delante y ver cómo hacer que convivan un modelo de vehículos diésel de bajas emisiones con los eléctricos, que requieren apoyo», sostuvo.

Descarbonización «razonable»

La patronal de fabricantes también quiere una estrategia de descarbonización total, «pero con el 2050 como final y con objetivos intermedios que sean razonables, realistas». Armero reclamó que España se alinee con Europa y recordó que en Francia no se han prohibido los coches diésel y gasolina en el 2040: «Lo que se ha hecho es impulsar los alternativos, que es un camino diferente».

Reconoció el reto que el vehículo eléctrico supone para el futuro del sector (17 plantas de fabricación en España y el 10 % del PIB) y pidió al nuevo Gobierno que «ponga un poco de orden» e imponga unos planes comunes ante la gran dispersión regulatoria actual, con cinco leyes de cambio climático y 54 planes de calidad del aire vigentes.

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