El Banco de España admite que la nueva ley hipotecaria puede encarecer el crédito

El gobernador matiza que la mayor seguridad jurídica podría tener un efecto positivo en los precios a medio plazo


santander / la voz

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, admitió este lunes que la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario que acaba de entrar en vigor podría encarecer las hipotecas, como han denunciado las organizaciones de consumidores, si las entidades financieras trasladan a sus clientes los costes que -como notaría, gestoría o registro- ahora deben asumir y que antes pagaban directamente los hipotecados.

Apuntó que ese potencial encarecimiento dependerá del «grado de competencia que haya en el sector», que en España «es muy elevado», para defender, a renglón seguido, la importante mejora de la seguridad jurídica que la nueva normativa va a suponer en las relaciones entre banco y cliente. En concreto, aseguró que ese factor podría tener un efecto positivo en el precio de las hipotecas, a medio plazo, dado que se traducirá en un notable ahorro en litigios para la banca.

Cláusulas suelo, 2.200 millones

Durante su intervención en la inauguración del seminario «Las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía», organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, con el patrocinio del BBVA, el gobernador recordó que hasta enero de este año la banca había devuelto más de 2.200 millones de euros a sus clientes por las cláusulas suelo. La reforma hipotecaria convertirá en pasado este foco de conflictos judiciales, pues incrementa la transparencia del contrato y facilita que el cliente conozca y comprenda todas sus cláusulas antes de firmarlo.

También quitó hierro a las críticas de Gobierno y sindicatos tras la advertencia del Banco de España sobre el golpe que la subida del 22 % en el salario mínimo interprofesional, hasta los 900 euros, supondría para el mercado laboral, destruyendo 125.000 empleos. Aseguró que «hoy por hoy» no disponen de datos que permitan saber con el rigor suficiente si ese impacto se ha producido, pero que cuando tengan los registros de la Muestra Contínua de Vidas Laborales del 2019 -en verano del 2020- harán pública su evaluación «con absoluta transparencia».

Restó importancia a la existencia de «discrepancias» entre el supervisor y el Gobierno en la valoración de las políticas económicas, como en el caso del salario mínimo. «Es normal. Ha sucedido siempre y sucederá en el futuro», añadió, destacando que «es uno de los síntomas de independencia del Banco de España».

También llamó la atención sobre el retraso que se está produciendo en la edad efectiva de jubilación, debido al impacto de los retiros anticipados. Aunque evitó valorar el expediente de regulación de empleo (ERE) que el Banco Santander acaba de cerrar con los sindicatos -con prejubilaciones para empleados de entre 59 y 61 años con el 80 % del salario pensionable-, sí dijo que el debate para afrontar el reto demográfico está en elevar la edad de jubilación, algo que choca con las anticipadas que se están dando «no solamente en el sector bancario».

Investigación del caso Villarejo

Preguntado por la investigación interna que el BBVA está realizando sobre las escuchas presuntamente encargadas por el banco en el conocido como caso Villarejo, el presidente de la entidad, Carlos Torres, dijo que «sigue su curso, supeditada a la investigación de la Audiencia Nacional, que es la importante y ha sido declarada secreta». En dicho secreto se escudó para no dar ningún detalle, mientras que Hernández de Cos reiteró la postura del Banco de España, instando al BBVA a cerrar cuanto antes sus pesquisas internas para minimizar los costes reputacionales del escándalo.

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