Bruselas exige a España nuevos ajustes por 7.800 millones para el 2020
ECONOMÍA
Libera al país del procedimiento de déficit excesivo después de 10 años y 4 prórrogas
06 jun 2019 . Actualizado a las 07:21 h.Diez años y hasta cuatro prórrogas es lo que ha tardado España en dar carpetazo al expediente por déficit excesivo que le abrió Bruselas en el año 2009. Lo hizo este miércoles, tras casi una década de dolorosos recortes y reformas exigentes. «El camino ha sido largo. Quiero felicitar a España por sus esfuerzos que han dado sus frutos. Quedan problemas a nivel de desempleo, pero esto pone punto final a un camino muy difícil para el país, es la recompensa por los esfuerzos», aplaudió el comisario de Economía, Pierre Moscovici, tras recordar que el Gobierno español logró rebajar el déficit en el 2018 (al 2,5 % del PIB) y que lo volverá a hacer este año (al 2,3 %) y en el 2020 (2 %).
A pesar de las palmadas en la espalda, la Comisión Europea también quiso poner sobre aviso al Ejecutivo de Sánchez. España no se puede permitir grandes piruetas presupuestarias. No seguirá bajo el brazo correctivo, pero sí bajo supervisión de Bruselas por sus desequilibrios macroeconómicos. En sus recomendaciones, la autoridad europea le recuerda que hay que agrandar la hucha. El país no debería invertir más de 10.800 millones de euros en gasto público neto. Es más, se le exige a España que acometa nuevos ajustes estructurales por valor de 7.800 millones de euros (0,65 % del PIB) para el 2020, que se suman a una cantidad similar requerida para este 2019, para no desviarse de los objetivos de estabilidad. «Tiene que seguir trabajando por una financiación sana […] Seguiremos muy de cerca todas las medidas que vaya aplicando el próximo Gobierno», advirtió el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Y es que Bruselas detecta un «riesgo de desvío significativo» en las cuentas y los planes de estabilidad presupuestaria del Ejecutivo español, al que le ha enviado un detallado manual de instrucciones para reformar la economía.
Pensiones
Una de las peticiones más recurrentes es la de acelerar la reducción de la deuda pública (96,3 % del PIB), especialmente ahora que sopla el viento a favor. Y para eso toca pasar revista a algunas partidas como las pensiones. La Comisión Europea insiste en que el sistema no es sostenible y urge a las autoridades españolas a revertir las subidas y explorar vías para adecuar la duración y cuantía de ingresos de los jubilados al contexto laboral, marcado por el alto desempleo y el uso generalizado de los contratos temporales y a tiempo parcial. Ya lo advirtió Bruselas el año pasado al señalar que, en relación con los salarios, «las pensiones españolas se encuentran entre las más elevadas de la UE».
Mercado laboral
Se acabó lo de flexibilizar los contratos de trabajo. España tiene un problema con la precariedad salarial y la elevada temporalidad que se debe solucionar de forma urgente. Son un lastre para la productividad y generan enormes bolsas de pobreza. Los servicios públicos de búsqueda de empleo deben funcionar de forma más eficiente, reclama la Comisión, que también reprocha la escasa cobertura social que prestan las autoridades a las capas sociales más desfavorecidas. Es más, las ayudas familiares se encuentran en el vagón de cola de la UE.
Inversiones
En el capítulo de gasto público, Bruselas también se atreve a detectar problemas y recetar soluciones. En especial para subsanar las bajas ratios de inversión pública en innovación y digitalización de la economía. La brecha de cohesión persiste, por eso la Comisión recomienda utilizar los fondos europeos para mejorar, entre otras cosas, las conexiones para el tráfico ferroviario de mercancías entre Galicia y Portugal, incluidas las conexiones transfronterizas con los puertos y los centros logísticos.
Italia, una bomba de relojería
España ha dejado de ser un quebradero de cabeza para Bruselas. La Comisión tiene los dos ojos puestos en Italia. Su deuda pública (133,7 % del PIB este año) no deja de crecer y su déficit tampoco. Podría alcanzar el 3,5% del PIB en el 2020 si el Ejecutivo populista y eurófobo del país insiste en ignorar las señales de alarma. La economía se estanca con un crecimiento anémico del 0,1 % y los costes de financiación del país no dejan de crecer por la falta de confianza de los inversores internacionales. Es una bomba de relojería que podría estallar en cualquier momento, arrastrando consigo a sus vecinos: «Lo que le pasa a un país de la eurozona le afecta a todos los demás», advirtió Dombrovskis. Italia tiene dos semanas para persuadir a sus socios y evitar que le abran un expediente por déficit excesivo.