Las tres fábricas gallegas de Ferroatlántica son industrias grandes consumidoras de energía y, por tanto, beneficiarias de los incentivos públicos que otorga el Gobierno a este sector en las subastas de interrumpibilidad, cada vez con recursos más menguantes. De hecho, la compañía de Villar Mir, como contagiada por Alcoa, anunció hace unos meses que los incentivos eran insuficientes, que los costes eléctricos ahogaban las plantas, y que tenía que tomar medidas. Lo hizo. Apagó varios hornos de sus factorías de Cee, Dumbría y Sabón. A continuación, en febrero, pactó un expediente de regulación de empleo temporal durante dos años para sus 400 operarios en la comunidad. Tenía que haberse empezado a ejecutar el 1 de marzo, pero, hasta el momento, no se ha aplicado, según confirman los representantes de los trabajadores. La decisión podría estar vinculada a la concesión de las centrales hidráulicas, que nacieron para alimentar de energía a las fábricas: si estas no son viables, el grupo se podría quedar sin hidroeléctricas.