Manifestación por una solución energética: «No puede ser que Francia pague el megavatio a 23 euros y nosotros a 58»

Trabajadores de empresas electrointensivas se manifiestan este lunes en Santiago para exigir una «solución energética». Piden a Gobierno y Xunta que «se pongan las pilas» para garantizar «un futuro» a estas industrias

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Manifestación en Santiago: «Por unha solución enerxética» Convocada por los comités de empresa de las plantas de Alcoa, Ferroatlántica y Celsa Atlantic, exigen la aprobación de un estatuto que fije precios «competitivos» para la energía

la voz / redacción

Los comités de empresa de Alcoa Coruña y San Cibrao, en Cervo (Lugo); de Ferroatlántica en Sabón y Cee-Dumbría y de Celsa Atlantic, en A Laracha, participaron este lunes en Santiago de Compostela en una manifestación conjunta para reclamar una «solución energética» y «un futuro» para estas industrias

Los presidentes de los comités de estas empresas han pedido tanto al Gobierno como a la Xunta de Galicia que «se pongan las pilas» para garantizar la continuidad de sus fábricas y los empleos tanto directos como indirectos que generan.

El presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, ha cifrado en más de 4.000 las familias que dependen de las empresas que han convocado la protesta, que partió a las once de la mañana desde el Estadio de San Lázaro en dirección a las consellerías.

'Xuntos por una tarifa eléctrica competitiva para a industria electrointensiva', 'Sen industria non hai futuro', 'Solución enerxética, xa' y 'Na defensa dos postos de traballo da industria electrointensiva' son las demandas que figuran en el cartel de la manifestación, que lleva por lema 'Por un futuro para a industria electrointensiva'.

Solución «política»

Los presidentes de los comités de las empresas convocantes han coincidido en la necesidad de esta movilización para «incidir» en que la Administración central y la Xunta adopten decisiones que permitan «regular el sector eléctrico».

Al respecto, el presidente del comité de Ferroatlántica Sabón, Alberto Ferreiro, cuestionó que el precio del megavatio «se pague en Francia a 23 euros y nosotros a 58 euros», señaló al comparar la situación en uno y otro país. «No podemos seguir así. Hay que sacar un precio razonable», dijo su compañero de Cee-Dumbría, en declaraciones recogidas por Europa Press. 

«A algunos les queda más tiempo que a otros, pero está claro que si no hay un mecanismo satisfactorio, a corto plazo, el que más y el que menos tiene los días contados», subrayó Juan López Corbacho, presidente del comité de empresa de Alcoa A Coruña, planta sobre la que pende un ultimátum hasta el 30 de junio, fecha en la que, de no haber comprador, se vería abocada al cierre. Corbacho urge a aprobar el estatuto de las empresas electrointensivas que quedó paralizado a finales del pasado mes de abril, cuando el Gobierno central decidió suspender su aprobación basando su decisión en un informe desfavorable de la Comisión de Competencia. «Lo principal es el corto plazo. Tienen que poner mecanismos para aprobar ese estatuto de las empresas electrointensivas. A nosotros en concreto nos queda poco tiempo para encontrar una solución. Estamos preocupados», añadió.

Cuestionado sobre una hipotética intervención del Estado en caso de que Alcoa no encuentre comprador para la factoría de A Coruña, López Corbacho ha incidido en que los gobiernos deben «tener todas las posibilidades sobre la mesa», al tiempo que insta a la Xunta a «no permitir que la multinacional toque una sola cuba de las naves que no se pueda volver a poner en marcha en el futuro».

Por su parte, el presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa San Cibrao, Jesús Lareu, llamó a las instituciones y partidos políticos a abandonar «partidismos» y apostar por un «pacto de estado» que «busque una salida conjunta para la industria». La marcha de la planta de Alcoa de la comarca de A Mariña implicaría que «no se vuelva a ver una industria así en muchas generaciones que pasen», por lo que urge a las administraciones a evitar la deslocalización de las multinacionales propietarias de fábricas como Alcoa o Ferroatlántica. «No pedimos subvenciones, pedimos competir en pie de igualdad con el resto de países europeos», remarcó. 

«La solución es política», apostilló, a su vez, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, Xosé Paleo, quien, como Juan Carlos López Corbacho, ha vuelto a reclamar «precios estables» a través de un estatuto electrointensivo, del que han reprochado al Gobierno que no lo aprobase antes de las elecciones generales, en alusión a su compromiso a este respecto.

«Los precios energéticos nos hunden cada vez más», recalcó el presidente del comité de Celsa Atlantic, Agustín Méndez, quien reiteró que el sector «necesita un marco que regule el problema energético».

Lectura de un manifiesto

Concluida la marcha, los trabajadores censuraron en un manifiesto leído a las puertas de la sede de la Xunta la falta de «implicación» de las administraciones autonómicas y central para dar «un futuro» a los «cientos» de empleos y «miles» de familias que dependen de la aprobación del estatuto del electrointensivo, que permanece en un cajón desde finales del pasado mes de abril. Solicitan al actual gobierno en funciones del socialista Pedro Sánchez que apruebe por la vía de urgencia un real decreto del estatuto del electrointensivo que permita a las plantas gallegas «competir en igualdad de condiciones» a nivel global.

La protesta contó con la participación de representantes de las principales fuerzas políticas de Galicia con la excepción del Partido Socialista. La todavía portavoz popular del PP coruñés, Rosa Gallego, -acompañada en la marcha por el diputado autonómico Gonzalo Trenor- reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que dé «ya» una «solución» para «los 400 empleos» que dependen de Alcoa en la ciudad herculina.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha propuesto que se eliminen de las pujas diarias «toda la energía que procede de la nuclear y la hidroeléctrica» como vía para «hacer viable la industria y bajar la factura de la luz a todas las casas». «Esto ya pasa en Francia y fue autorizado por la UE», añadió el magistrado en excedencia.

También habló al inicio de la marcha la diputada electa por En Común Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que acusó al PSOE de «seguir» las «mismas políticas» que el PP en el sector energético, lo que le ha llevado a tachar de «talibanes de la ideología de los mercados» a populares y socialistas.

El diputado del BNG en el Parlamento gallego Xosé Luis Rivas 'Mini' reclamó «sensatez» a los gobiernos autonómico y estatal, a los que pide «una intervención» en la que «se defiendan los puestos de trabajo y unas industrias fundamentales y que tienen futuro».

Reunión con el conselleiro de Economía 

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, instó al Gobierno central en funciones a abandonar los «cálculos electorales» y a aportar «concreción» al estatuto del sector electrointensivo todavía pendiente de ser aprobado. Conde hizo estas declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con los representantes de los comités de empresa de las plantas de Alcoa en A Coruña y San Cibrao, Ferroatlántica en Cee-Dumbría y Sabón, y Celsa Atlántica. La reunión se extendió a lo largo de más de una hora y media en las dependencias de la Consellería, cuyo máximo responsable lamentó la «falta de respuesta» por parte del Gobierno central a las propuestas planteadas por la Xunta, que cree que la «solución» para viabilizar el futuro de las industrias electrointensivas «pasa por una respuesta» del Ejecutivo en funciones presidido por el socialista Pedro Sánchez. «Necesitamos un cambio de actitud por parte del Gobierno. Está haciendo cálculos electorales con la situación de los trabajadores. Necesitamos que se pase a los hechos y que haya una concreción desde el punto de vista de los estatutos de los consumidores electrointensivos», afirmó Conde.

Tras poner el foco en que es necesaria «unidad de acción» para afrontar el problema, el conselleiro aseguró que es necesario que el estatuto aporte «estabilidad» a un sector que precisa una «reducción de la fiscalidad» y «modificar el sistema de peajes». «Necesitamos una acción coordinada del Gobierno, que contará con el apoyo de la Xunta, que pondrá todos los mecanismos e instrumentos para encontrar una solución», aseveró. 

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