La quiebra de la pesquera tardará siete años en tener culpables
28 ene 2020 . Actualizado a las 20:37 h.Siete años largos tardará la Justicia española en determinar quién tuvo la culpa de la quiebra del grupo Pescanova en el 2013. Tras una larga investigación judicial, dilatada por eternas comisiones rogatorias a paraísos fiscales, hace ya un año (en febrero del 2018) finalizó la instrucción del caso que tiene como principal acusado al expresidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa.
En enero de este año, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la responsable de constituir el tribunal y fijar el calendario de señalamientos, designó al magistrado Eloy Velasco (conocido por su intervención en macrocausas como Púnica, Leza o el 11-M) como ponente de la causa. Y ahora, transcurridos ya seis años de la quiebra, la causa enfila la recta final con la celebración del juicio a finales de este año (finales de noviembre principios de diciembre), según avanzan fuentes de la investigación, que esperan el inminente señalamiento.
«Demasiado tiempo», dicen fuentes de la defensa de los propios encausados, «pero es lo habitual en este tipo de macrojuicios. Ahora estamos celebrando el de Bankia que empezó en el 2012», aclaran.
«El de Pescanova será un juicio largo», avanzan estas fuentes, que recuerdan las más de 41.800 facturas de ventas nunca hechas y los 3.600 millones de deuda oculta como grandes hitos de era De Sousa, a los que habrá que buscar culpables.
El expresidente de la vieja Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, es el principal procesado, por ser el único que acumula nueve delitos por los que será juzgado: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa para captar inversores, estafa a entidades financieras, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor.
Todos fuera del grupo
Por todo ello, el expresidente de Pescanova se expone a penas que suman 31 años de prisión, y a algo más de 22 millones de euros de multa. Junto a él, 18 personas, la mayoría vinculadas a los órganos de dirección de la empresa que presidía De Sousa se enfrentan también a peticiones de cárcel que juntas suman 133 años.
A destacar los 12 años y medio que se solicitan para el exconsejero Alfonso Paz Andrade, por los delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible y uso de información relevante.
Ninguno de los procesados está hoy en Nueva Pescanova, la sociedad constituida tras la quiebra, con la banca acreedora al frente.
Fernández de Sousa sigue siendo el inversor mayoritario de Pescanova SA, el reducto del viejo accionariado que quedó diluido en una ampliación de capital que la Justicia considera legal a todas luces, y que podría llevar a esta sociedad de cartera, que apenas pesa un 1,6 % en Nueva Pescanova, a su desaparición.
Sus acciones se han desplomado por debajo de los 0,5 céntimos y su capitalización bursátil se ha reducido hasta los 20,5 millones de euros, apenas un tercio de lo que llegó a estar valorada en bolsa en junio del 2017.
