La Xunta batallará contra el Estado para evitar que repercuta impuestos autonómicos en la luz
ECONOMÍA
Presenta un contencioso administrativo contra la orden que obligará a las eléctricas a aplicar un suplemento territorial en la factura de 16 euros por hogar en Galicia
10 may 2019 . Actualizado a las 16:50 h.La Xunta interpondrá un recurso contencioso administrativo contra una orden del Ministerio para la Transición Ecológica de marzo pasado en la que obliga a las compañías eléctricas a aplicar en un período de seis meses un suplemento territorial en la factura de la luz de los consumidores de la mayor parte de las comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Son aquellas que recaudan impuestos a la actividad de producción eléctrica. En Galicia, ese extra se traducirá en una refacturación media por hogar de casi 16 euros repartidos a lo largo de un año. Aquí se cobran el canon eólico, el hidráulico, el de saneamiento y ecotasa contra la contaminación atmosférica.
La Xunta argumenta en su recurso que esos tributos no son eléctricos, es decir, no gravan la producción de energía, sino que son medioambientales, esto es, «teñen como obxectivo compensar os efectos negativos que estas actividades teñen sobre o contorno natural e preservar o medio ambiente. En consecuencia, a súa recadación destínase á conservación, reparación, e restauración do medio ambiente».
La Xunta considera «que non é posible repercutir aos consumidores estes impostos, en tanto non gravan o consumo de electricidade, nin se refiren á produción ou xeración de enerxía eléctrica».
El razonamiento autonómico es que, en este caso, debe aplicarse el 'quien contamina, paga' y que sean las empresas, y no los consumidores, los que costeen esos gravámenes.
Los suplementos territoriales son fruto de una sentencia del Tribunal Supremo. Su aplicación está incluida en la ley del sector eléctrico, en la actual y en la anterior, pero no están en vigor. Sí lo estuvieron durante un año, el 2013, pero no llegaron a aplicarse, circunstancia que denunciaron algunas compañías eléctricas que encontraron eco en el Alto Tribunal.
Ese apartado de la ley del sector eléctrico, ahora inactivo, establece que los consumidores de cada comunidad autónoma deben asumir el coste de la producción de electricidad en su territorio, especialmente si está gravada con impuestos propios.