Trabajo no multará a las empresas sin control de jornada, si lo están negociando

Han de tenerlo desde este domingo y pueden ser sancionadas con hasta 6.250 euros


Redacción / La Voz

En una buena parte de los casi tres millones de empresas que pueblan el territorio español (unas 246.000 de ellas, con sede en Galicia) se respira estos días cierto aire de caos. Y todo ese revuelo viene a que a partir de este domingo todos y cada uno de sus empleados tendrán que pasar por el torno. Es un decir, porque el mecanismo que emplee cada empresario para llevar la cuenta de las horas es libre. No tiene por qué consistir en pasar una tarjeta por un torno a la entrada y salida del centro. Tan válido como eso resulta una hoja de cálculo para firmar a mano o la más sofisticada aplicación de software. Incluso pueden convivir en una misma compañía diferentes fórmulas para los distintos tipos de trabajo que se desarrollan en ella.

Todas las empresas, sin excepción, están desde pasado mañana obligadas a llevar un registro diario de la jornada laboral de su personal. A dejar constancia de cuándo comienza y cuándo acaba en cada caso. Sean grandes, pequeñas o medianas; se dediquen a lo que se dediquen y cuenten con trabajadores presentes en oficinas o centros, de viaje o teletrabajando.

Comprensible la confusión si se tiene en cuenta que para muchas de ellas la situación es nueva: hasta el momento solo era obligatorio -desde el 2017- el registro de las horas extras y de la jornada del personal con contrato a jornada parcial o reducida. Y también porque han tenido solo dos meses para adaptarse a las nuevas exigencias. Si a eso se suma aquello tan español de dejarlo todo para el último momento, salpimentándolo con algo de improvisación... el caos está servido. Las prisas, ya se sabe, no so buenas consejeras.

Sea como fuere. Trabajo aprieta, pero no ahoga. Porque la propia ministra del ramo en funciones, Magdalena Valerio, se encargó ayer de aclarar que hay que cumplir con la nueva normativa «con seriedad», pero también «sin agobios». Y, lo más importante, que la Inspección de Trabajo actuará «con cabeza, con mesura y con sentido común». Es más, adelantó que los inspectores tienen la directriz de conceder cierto «margen de maniobra y no sancionar el día 13».

En Galicia, la mayoría de las pymes todavía no están preparadas para el cambio «Conclusión: entra en vigor el día 12 y se va a vigilar que esté regulado por la empresa o que, al menos, se esté en trámite y en negociación con la representación de los trabajadores», resumió la propia Valerio en Santander, en declaraciones recogidas por Europa Press. «No habrá multas desde el primer día si acreditan que están negociando el registro o si demuestran que están trabajando en su implantación», precisaron después fuentes de su departamento.

Lo que traducido viene a decir que, al principio, se librarán de tener que hacer frente a las multas que comporta no llevar ese registro horario a rajatabla. Van desde los 60 hasta los 6.250 euros, aunque podrán escalar hasta los 187.515 en caso de impagos reiterados de horas extraordinarias o si se camuflan como otra cosa.

Aluvión de reclamaciones

Y no solo eso, porque, como advierten desde el Colegio de Gestores Administrativos de Galicia, los que no cumplan «se exponen también a posibles reclamaciones por impago de horas extras». Precisamente por ese motivo recomiendan «ser escrupulosos a la hora de llevar a cabo el registro», y recuerdan que «tiene que quedar archivado durante 4 años, a disposición de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social».

Y es que, además de asumir el coste que supone la instalación del método elegido para llevar la cuenta de las horas de los empleados, la medida puede acarrear un gasto millonario para las empresas ante la catarata de reclamaciones por horas extra que pueden presentar los trabajadores y las liquidaciones de estas horas, por las que se debe cotizar; y sanciones de la Seguridad Social por los últimos cuatro años no prescritos.

Dicen también los gestores administrativos -llevan semanas asesorando a los empresarios en este terreno- que son muchas las firmas gallegas que aún no están listas para el cambio. Entre otras cosas, porque dar con el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, sin que el gasto se les vaya de las manos, no es tarea fácil. Y constatan que la mayoría de las pymes no lo han hecho aún. Lógico, es común que las grandes compañías dispongan de estos registros de entrada y salida del trabajo, pero no es nada habitual entre las pequeñas, que son las que predominan en España. De hecho, un 98 % de ellas tienen menos de 100 trabajadores.

La CEOE aconseja documentar los pasos dados

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no quiere malos entendidos. Y ayer quiso dejar clara la voluntad de las empresas de cumplir con el registro de las horas de sus empleados. Recomendó a las compañías que negocien con los sindicatos y los trabajadores el sistema a implantar, tal y como establece la nueva norma.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la patronal subrayaron que muchas compañías, sobre todo las grandes y medianas, ya tienen un registro horario instaurado desde hace tiempo. Les sirve, entre otros cosas, para medir la productividad o el grado de conciliación en el seno de sus plantillas. Los mayores problemas, explicaron, los tienen las microempresas o firmas muy pequeñas, donde estos registros no existen y en las que tampoco hay representación sindical. Ahora bien, están igual de obligadas a implantar este registro, que deben negociar con los trabajadores. Si no hay acuerdo, la patronal recuerda que la obligación última es del empresario.

En todo caso, la organización que preside Antonio Garamendi recomienda a las empresas que documenten las negociaciones que lleven a cabo para cumplir con esta medida, dejando constancia por escrito de los pasos que están dando. Es lo que, según la propia ministra de Trabajo, las puede salvar de una posible sanción en estos primeros tiempos de vida de la normativa: demostrar que se está trabajando para cumplir con lo exigido, aunque aún no se haya logrado.

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Está a punto de entrar en vigor (el próximo 12 de mayo) la obligación del control horario en las empresas. Es decir, que los empleados fichen y se haga un registro «del horario concreto de inicio y finalización» de su jornada laboral. Las empresas, que podrán escoger el sistema para hacerlo, deberán conservar durante cuatro años los datos a disposición del interesado, los sindicatos y la Inspección de Trabajo. Aunque hay consenso sobre que será un instrumento útil para atajar abusos como el exceso de jornada o las horas extras no remuneradas y su impacto negativo en las arcas de la Seguridad Social, la aplicación de la medida, que el Gobierno aprobó en marzo vía decreto urgente, suscita muchas dudas entre los expertos, que alertan de problemas sobre su implantación.

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