Nadia Calviño, ministra de Economía: «Quienes proponen bajar los impuestos tendrán que explicar en qué van a recortar»

Nadia Calviño (A Coruña, 1968) es la única ministra del Gobierno que no concurre a las elecciones en las listas del PSOE: «Me pareció lo coherente, cada uno tenemos que contribuir donde tenemos mayor valor añadido».

-¿Se ha arrepentido de haber aceptado la cartera?

-No, no, no. Es un gran honor servir a tu país como ministro. He trabajado en favor del interés público español y europeo toda mi carrera, y me siento muy satisfecha porque en estos diez meses hemos podido avanzar mucho en términos de reparación de derechos sociales y hemos recuperado el dinamismo y la proactividad de la política económica, después de años de bastante inercia.

-Si le piden que repita, ¿aceptará?

-Mi compromiso con el presidente Sánchez es total.

-Y si no gana el PSOE, o no gobierna, ¿dónde se ve?

-No me planteo ese escenario. Espero que los españoles aprecien el enorme esfuerzo de estos diez meses de Gobierno, en los que se han escuchado y tratado de resolver los problemas reales de los ciudadanos.

-¿De cuál de las medidas aprobadas está más satisfecha?

-Hemos conseguido afianzar la confianza de los mercados internacionales en nuestro país, lo que ha sido fundamental para mantener unas condiciones de financiación muy favorables de la deuda pública. En segundo lugar, estoy muy satisfecha del trabajo que hemos desarrollado con el Ministerio de Hacienda para articular una política fiscal disciplinada con una política social lo más ambiciosa posible para reducir las desigualdades. Hemos demostrado que nuestro Gobierno sabe sanear las cuentas públicas sin dejar de abordar las cuestiones sociales más perentorias. Y en tercer lugar estoy satisfecha de haber podido encauzar la hoja de ruta de reformas a medio y largo plazo, la agenda del cambio, que no ha sido sino coordinar la acción de todos los ministerios para orientar nuestra política económica para tratar de responder a los retos de futuro del país.

-Pero, ¿alguna medida concreta?

-La creación de las cuentas de pago básico. La obligación para las entidades financieras de proporcionar a todos los ciudadanos una cuenta con los servicios básicos de pago, que es fundamental para luchar contra la exclusión financiera, porque hoy se necesita una cuenta y una tarjeta casi para cualquier cosa. Van a ser gratuitas para las personas en situación de vulnerabilidad. Es una de las medidas más importantes para las personas.

-Algo se le habrá quedado en el tintero...

-La creación de una autoridad de protección del cliente financiero, tenemos el trabajo muy avanzado pero con el adelanto electoral no se ha podido culminar. En todo caso, cuando llegué había 14 directivas europeas pendientes de trasponer, algunas con retrasos de años y con la amenaza de multas millonarias para nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo enorme en estos diez meses y hemos conseguido trasponer ocho. Mañana [por hoy], en el Consejo de Ministros, vamos a terminar el trámite de dos más, incluyendo la de crédito inmobiliario, que estaba pendiente de un real decreto y una orden ministerial que firmaré también este viernes. Yo espero que con eso la Comisión Europea retire la demanda que tenía contra nuestro país y desaparezca la espada de Damocles de una multa de 100.000 euros diarios.

-¿La inestabilidad política ha afectado a la economía?

-No hemos percibido ningún impacto negativo. Hay que ser conscientes de que un Gobierno en minoría puede ser novedoso en España, pero no es nada extraordinario en los países de nuestro entorno. De hecho, la necesidad de llegar a pactos y conjugar distintos programas es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos. Cuando uno está inmerso en el ruido y la crispación de nuestro país a veces no es consciente de cómo nos ven fuera, pero España es percibido como un país serio, responsable, con seguridad jurídica. Eso es lo que ven los inversores internacionales. Hemos hecho un gran esfuerzo para afianzar esa confianza y yo la veo cada día: las inversiones directas se multiplicaron por seis en el 2018, emitimos títulos de deuda pública a más largo plazo, se han logrado récords de suscripción y demanda en la zona euro...

-Más de diez años después del estallido de la crisis, la brecha de la desigualdad persiste...

-Todos los indicadores de desigualdad se han incrementado sustancialmente en los últimos diez años y hay fenómenos preocupantes, como el de la pobreza infantil, el de los trabajadores pobres o las dificultades de los jóvenes para tener un empleo estable y acceder a una vivienda digna. Estos problemas no se resuelven con una varita mágica, hay que concentrar los esfuerzos en los más vulnerables.

«Hemos demostrado que se pueden sanear las cuentas públicas sin dejar de lado las políticas sociales»

-Frente a las propuestas de la oposición de bajar impuestos, usted ha defendido que es el momento de subirlos. Sabe que no es una afirmación muy popular...

-Subir impuestos nunca es una política deseable, ni popular. Ningún Gobierno quiere hacerlo. Pero hay que tener muy claras dos cosas: aquellos que dicen que van a hacer una bajada masiva de impuestos tendrán que explicar qué van a recortar, porque en nuestro país el 60 % del gasto público es sanidad, educación y pensiones, son políticas sociales. Es decir, el margen para reducir la presión fiscal sin dañar el Estado del bienestar es prácticamente inexistente, y si queremos protegerlo necesitamos tener un sector público bien financiado. Solo hay tres opciones: o no van a cumplir la reducción del déficit, o van a emitir más deuda o van a recortar el gasto, porque no hay otra manera de que cuadren las cuentas. Este tipo de soluciones milagrosas no hay nadie que se las crea. Cuando se dice que bajando impuestos se va a aumentar la recaudación, la realidad es testaruda: la última reforma fiscal que adoptó el Gobierno anterior supuso una pérdida de ingresos de 15.000 millones de euros. Tenemos un punto más de déficit o de deuda por esa reforma fiscal, esa es la realidad.

«Los problemas de Ence y Alcoa no son de ayer, y la Xunta debe cooperar»

Dicen que es la voz de la ortodoxia en el Consejo de Ministros. Pero ella defiende que han estado «alineados» en las políticas. También en la subida del salario mínimo.

-España ha vivido una caída muy importante de los salarios reales y el surgimiento de esa categoría de trabajadores pobres. Uno de los elementos para atajarlo es la subida del salario mínimo. Además, casi un 70 % de los perceptores son mujeres, por lo que si queremos ser serios en el cierre de la brecha de género era un instrumento que teníamos que utilizar. Es importante para reducir la desigualdad y no vemos un impacto negativo en la economía, al revés: mejora la renta disponible de las familias, la capacidad de consumo...

-La recuperación de la economía llega mucho más lenta al mercado laboral, ¿cuándo se recuperará el nivel de empleo previo a la crisis?

-El empleo creció un 3 % en el 2018, más que el PIB. No podemos ser complacientes cuando sigue habiendo más de tres millones de desempleados, pero la EPA del primer trimestre confirma la evolución positiva del mercado laboral: la ocupación aumenta en 596.900 personas en los últimos doce meses, la cifra más elevada en doce años. Y eso en un primer trimestre, que suele ser malo, sin Semana Santa, a diferencia del año pasado, y en un contexto de aumento de la población activa, que es un signo positivo de las expectativas de los ciudadanos.

-En Galicia preocupa el futuro de industrias como Alcoa y Ence, ¿hace el Gobierno todo lo posible?

-El compromiso del Gobierno con la industria y con Galicia es total. Hemos huido de la política del avestruz, la ministra de Industria se ha implicado personalmente y ha trabajado de forma intensa para encontrar soluciones, también en el caso de Alcoa: se están buscando inversores y viendo todo lo que podemos hacer para estabilizar la actividad y el empleo. Hemos adoptado el programa de ayudas de 91 millones y hemos actuado con total diligencia para elaborar el estatuto del consumidor electrointensivo. Ya se lanzó la consulta pública, estamos examinando las respuestas y el procedimiento se hace lo más rápidamente posible. El caso de Ence es diferente, porque es una cuestión que está ante un tribunal y el Gobierno no tiene más opción que aplicar la ley. No son problemas que vengan de ayer, se arrastran desde hace años, y requieren de la cooperación de las empresas y también de la Xunta, que tiene su responsabilidad.