El presidente del comité de A Coruña casi da por imposible la venta de las fábricas tras el aplazamiento de los nuevos incentivos a la industria
26 abr 2019 . Actualizado a las 21:30 h.«O Goberno é ao final quen nos vai a pechar». Esta frase, pronunciada por el presidente del comité de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, resume bien el sentimiento de la plantilla de la multinacional del aluminio, tras comprobar cómo el Ejecutivo central celebraba este viernes su último Consejo de Ministros de la legislatura sin aprobar el ansiado estatuto del consumidor electrointensivo, con nuevos incentivos económicos para la industria llamados a salvar del cierre parcial las plantas de A Coruña y Avilés, previsto por Alcoa para julio si no logra venderlas antes. El aplazamiento de las medidas de apoyo deja a las plantas más cerca del cierre que de la venta.
El Gobierno lleva meses prometiendo a los trabajadores que el estatuto se aprobaría en el último Consejo de Ministros del mandato, es decir, este viernes. Pero entrada la tarde del día anterior al feliz acontecimiento, los delegados del Gobierno de Galicia y de Asturias anunciaron a los respectivos comités de empresa que el documento quedaba en el cajón. El motivo alegado, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el estatuto, en el que alerta de que algunas de las medidas contempladas podrían ser consideradas ayudas de Estado y, por tanto, ilegales a ojos de la Comisión Europea.
Pero esta explicación no convence a los trabajadores. Miguel Conde, miembro del comité de A Coruña, habla de discrepancias en el seno del Gobierno. Concretamente, entre los ministerios de Industria -que lideró las conversaciones para intentar salvar a Alcoa y también la elaboración del famoso estatuto- y Transición Ecológica -que se ha mantenido al margen de este proceso, pese a que la política energética es competencia de ese departamento-.
Fuentes de la Consellería de Industria llevan meses también llamando la atención sobre el más que discreto papel que estaba desempeñando Transición Ecológicas en estas negociaciones con las comunidades autónomas, sindicatos y Alcoa.
Para Juan Ramón Paseiro, responsable de UGT en la fábrica de la multinacional en A Coruña, el informe de la CNMC es una excusa usada por el Gobierno, ya que, recuerda, no es vinculante, es decir, el Ejecutivo podría haber aprobado el estatuto y luego aguardar a si Bruselas ponía o no algún problema a las medidas.
Pero el Gobierno (el actual y, sobre todo, el anterior) tiene bien fresca aún la investigación llevada a cabo por las implacables autoridades europeas de competencia sobre los incentivos para la interrumpibilidad industrial -de los que Alcoa fue la principal beneficiaria-. Las sospechas de ayudas de Estado llevaron a los Ejecutivos españoles de los últimos años a ir adelganzando de forma paulatina esos incentivos: por ejemplo, en el 2017 se repartieron (mediante subasta competitiva, eso sí) 500 millones de euros, pero para este 2019 están previstos no más de 200 millones.
¿Y Alcoa? ¿Qué dice al aplazamiento del estatuto? Reconoce que sin él será más complicado vender las plantas porque, recuerda, el sector electrointensivo necesita un marco energético estable, «del que carecemos en la actualidad», que garantice un precio competitivo de la electricidad. Fuentes de la multinacional del aluminio detallaron que «ahora mismo, ese precio es un 50 % superior al de nuestros competidores europeos».
Los nuevos incentivos a la industria -si finalmente los hay- tendrán que llegar pronto, porque Alcoa pactó cerrar parcialmente las fábricas de A Coruña y de Avilés el 30 de junio (con el consiguiente despido del 43 % de la plantilla conjunta) y quiere tener sobre la mesa una oferta en firme de compra para dentro de un mes.
Oficialmente hay doce empresas y fondos de inversión interesados en las fábricas amenazadas.
Entre tanto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, da por hecho casi el cierre de las plantas tras el aplazamiento del estatuto, al afirmar que «practicamente non existe ningunha posibilidade» de que Alcoa poida manter o «cento por cento do persoal» actual na Coruña.