De enero a marzo se hicieron casi 20.000 controles, un 13,5 % más que en el 2018
18 ago 2019 . Actualizado a las 21:20 h.El fraude en el mercado laboral sigue siendo una costosa lacra que está aún lejos de aproximarse al nivel de otros países europeos. Se ha ido avanzado, poco a poco, pero las últimas cifras actualizadas muestran que cuánto más se incrementan las inspecciones más casos afloran. El programa conjunto de trabajo que llevan a cabo de manera coordinada la Administración gallega y el Gobierno central sigue intensificando los controles sobre el empleo no declarado y las irregularidades en los contratos.
Entre enero y marzo de este año, la labor desempeñada por la inspección ha permitido que aflorasen 709 empleos sumergidos, lo que supone una media de ocho al día solo durante el primer trimestre del ejercicio. En todo el 2018 se destaparon 5.200, lo que supuso un incremento interanual del 50 %.
La actividad de la inspección ha permitido llevar a cabo un total de 19.697 actuaciones, lo que supone un 13,5 % más que en el mismo trimestre del 2018, y que concluyeron en la apertura de 947 actas de infracción, de las cuales medio millar estaban relacionadas con la Seguridad Social.
Estos son los controles encaminados a verificar que el contrato cumple con la legislación en vigor y, sobre todo, a comprobar cuestiones relacionadas con la compatibilidad de las prestaciones. Esto es, que una persona no esté cobrando la jubilación o el paro mientras trabaja. En este bloque se incluyen también las inspecciones a los llamados falsos autónomos. La segunda área con más número de expedientes abiertos es la relacionada con la seguridad y la salud laboral. Hasta marzo, se contabilizaron 174 actas de infracción, relacionadas con el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Le siguen, de cerca, los expedientes abiertos en relaciones laborales: los controles dirigidos a velar por la legalidad de los contratos, es decir, que a una persona a media jornada no se encuentre trabajando a tiempo completo, que las condiciones del empleo sean las correctas o que no existan discriminaciones por razón de género. Por último, en materia laboral, en el primer trimestre de este año, se levantaron 42 actas de infracción por empleos a extranjeros, según los últimos datos actualizados por la Xunta.
Balance anual
Mientras, el balance de la inspección del pasado año desvela que no solo afloraron 5.200 empleos sumergidos, sino que se descubrieron 1.700 falsos autónomos (empleados que deberían estar por cuenta ajena pero que las empresas les obligaban a estar por cuenta propia para ahorrar costes) y se transformaron casi 8.000 contratos eventuales en indefinidos.
Datos, todos ellos, que evidencian una gigantesca bolsa de fraude. A lo largo de los últimos años, han sido muchos los informes que han tratado de evaluar y cuantificar en España el peso de la economía sumergida. Un reciente estudio de la Fundación de Estudios Financieros la estimó en el 18,6 % del PIB, cifra muy alejada de los estándares europeos. En países como Holanda, Suiza o Austria, por ejemplo, se encuentra en el 10 % y en el Alemania en el entorno del 13 %. De ese total de economía sumergida, se estima que un 8 % del PIB, aproximadamente, se corresponde con el fraude en materia laboral. Esto, en términos de empleo, equivaldría a un millón de puestos de trabajo.
El hecho de que el empleo negro constituya una alternativa en épocas de apuros económicos, la sobrerregulación del mercado laboral, sus rigideces y, sobre todo, la prevalencia de las micropymes en el tejido empresarial tanto gallego como español son algunas de las causas que ayudan a comprender por qué existe un volumen tan elevado de fraude laboral. A mayor tamaño de los negocios, menor es la presencia de informalidades y de economía no declarada.
Nivel autonómico
El último informe elaborado sobre este asunto por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) revela que Galicia se sitúa a la cabeza de España en volumen de economía sumergida, con 12.400 millones de euros, una cifra que roza el 23 % de su PIB.
No es el primer estudio que sitúa a la comunidad gallega en la parte alta de la tabla. De hecho, es de los territorios con una mayor prevalencia, junto a las islas Canarias..