Medio millar de aeronaves gallegas deberán entrar en un censo europeo a partir de mayo
21 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.En diciembre del año pasado, el aeropuerto londinense de Gatwick, el segundo del Reino Unido después de Heathrow, vivió una situación de caos, después de que la aparición de dos drones cerca de la pista obligase a la suspensión de los despegues y aterrizajes durante horas, para evitar las «consecuencias catastróficas» del choque contra un avión. Pese al despliegue, las fuerzas de seguridad británicas no consiguieron localizar a los pilotos que operaban los drones que provocaron la alarma, que no portaban ningún tipo de identificación.
Lo ocurrido en Londres no es un hecho aislado. Las interferencias de los aviones no tripulados en zonas del espacio aéreo restringidas a su actividad son una amenaza constante, y Europa se ha propuesto poner orden en un sector de gran crecimiento en la comunidad gallega, con una normativa de control que entrará en vigor en mayo para todos los socios comunitarios.
Esta legislación europea, que se superpone a las vigentes en cada país, incluirá como principales novedades un registro de operadores y sistemas de geolocalización como medidas de seguridad para áreas restringidas.
El registro europeo de operadore permitirá cruzar datos entre países. Esta base de datos obligará a todos los operadores de drones a identificar sus aeronaves con una matrícula electrónica, así como sistemas de geofencing (geovalla o perímetro virtual) para no poder volar en zonas vetadas.
Además, la normativa establece categorías específicas para operar, y en el caso de vuelos de mayor riesgo exige certificaciones especiales.
Despegando en Galicia
España cuenta en la actualidad con 5.504 naves de este tipo registradas, medio millar de ellas en Galicia, en donde, en poco más de tres años, este incipiente sector ha pasado de contar con 14 operadores (año 2015) a sumar al cierre del 2018 un total de 206 empresas autorizadas por AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea; además de 5 escuelas homologadas por este organismo para la formación de pilotos.
Para todos ellos, «la nueva normativa permitirá un marco homogéneo en toda Europa «en lo referido a normas, licencias o categorías operacionales», explican desde la AESA. «Ante su crecimiento exponencial, ha habido gran voluntad política para desarrollar una normativa comunitaria sobre drones. Es un sector complejo, pero se está adaptando en tiempo récord», explican fuentes de la agencia.
Y es que, aunque parecen juguetes, estas pequeñas y frágiles aeronaves moverán 1.200 millones de euros de negocio y crearán 11.000 puestos de trabajo en España en el 2035, según el cálculo que el Ministerio de Fomento recoge en el plan estratégico diseñado para impulsar el sector.
Los planes del Gobierno pasan por regular la aplicación de los drones en ámbitos como la agricultura, la filmación topográfica, el medio ambiente, la obra civil y la minería a corto plazo. En el medio plazo, ampliará su espectro a las telecomunicaciones, el control de fronteras, las emergencias o a las ciudades inteligentes. Y a partir del 2030 afrontará la última barrera de la industria: el transporte de pasajeros de larga distancia y aerotaxis.
El sector acelera en Galicia a fondo perdido
Hace un par de años, operar con drones en Galicia era una actividad desconocida y minoritaria. Pero el tirón de la iniciativa público-privada representada por el CIAR (Centro de Investigación Aeroportada de Rozas), impulsado por la Xunta y sus dos socios fundadores, Indra y Babcock (Inaer), y a los que se acaba de sumar el constructor aeronáutico Boeing, ha tenido un efecto inmediato en la iniciativa emprendedora
Dice la Xunta que la inversión asociada a Rozas (150 millones hasta el 2020) «ya es una realidad que está dando resultados concretos». Genera 260 empleos de alta cualificación, 20 proyectos de I+D desarrollados por las empresas motoras (Indra, Babcock y Boeing); y la participación en ellos de 30 empresas y centros de conocimiento.
Pero el sector debe crecer, aunque para ese fin haya que acelerar la creación de empresas mediante ayudas específicas. Esa es la misión de la BFAero, la aceleradora especializada en el sector aeroespacial que impulsa la Xunta de Galicia, que en su primera edición ha elegido tres proyectos de Galicia, dos de Madrid y uno de Valencia de entre un total de 54 solicitudes, muchas gallegas, la mayoría de distintos lugares de España y algunas también procedentes de otros países. A estas empresas, la Xunta de Galicia les ofrece una financiación a fondo perdido de hasta 100.000 euros en la fase de incubación y de 50.000 en aceleración. Paralelamente, podrán optar a una financiación en forma de préstamos de Indraventures de entre 50.000 y 500.000 euros en incubación y sin límite en aceleración. También en aceleración tendrán acceso a préstamos participativos de hasta 250.000 euros de XesGalicia.
España, con Galicia al frente, representa en estos momentos el tercer país más importante en Europa en este nuevo ámbito de la aviación, solo por detrás de Francia y Polonia.
