Los vaivenes legales vacían la bolsa de pisos de alquiler en las ciudades gallegas

Gabriel lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

Solo hay 2.500 viviendas en el mercado y las inmobiliarias trabajan con lista de espera

16 abr 2019 . Actualizado a las 20:19 h.

Aunque el Gobierno consiguió sacar adelante al segundo intento su decreto del alquiler, apuntándose un tanto político pocos días antes del inicio de la campaña, la nueva normativa no ha tenido un efecto balsámico en el sector. Y es que, antes que contribuir a pinchar la burbuja, la inestabilidad jurídica creada (con tres normativas diferentes en apenas tres meses) ha provocado una contracción de la oferta y la consiguiente subida de precios.

«Los propietarios particulares están confundidos, hay temor a alquilar», explicó este lunes el presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios (APEI), Óscar Martínez. Una valoración que secunda Benito Iglesias, su homólogo en la patronal gallega de inmobiliarias, Fegein, que ya hace una semanas, antes de la votación del decreto, había avanzado que muchos arrendadores estaban retirando temporalmente sus pisos del mercado a la espera de que se aclarara el marco legal. Las cifras que manejan así lo avalan. En las siete grandes ciudades gallegas hay actualmente unos 2.500 pisos disponibles para arrendar, mil menos de los que había hace un año, según las cifras facilitadas por las empresas asociadas a Fegein.

Pero, convalidado el decreto, los temores de los propietarios no solo no han desaparecido, sino que la oferta sigue cayendo. Lo que sucede, según Iglesias, es que los dueños prefieren esperar a que pasen las elecciones por si un cambio de Gobierno propiciara otro vuelco legislativo.

«Estamos viviendo una situación inaudita. Ya no ponemos anuncios sobre pisos de alquiler porque se bloquean las centralitas», explicó Martínez. En Galicia, abunda Iglesias, hace ya meses que las inmobiliarias trabajan con listas de espera. Cuando les entra un piso que se ajusta a las demandas de los clientes contactan con ellos directamente para enseñárselo. No hace falta más: «En 48 horas están alquilados».

Desde Fegein aseguran que la mayor duración mínima de los contratos (de tres a cinco años si el arrendador es un particular o a siete si es una empresa) y las mayores trabas para recuperar la vivienda en caso de impago son las nuevas cláusulas que más preocupan a los propietarios, que en caso de tirar adelante con el alquiler optan por elevar la renta para cubrirse ante esos riesgos. «Cuando el propio mercado tendía a dar síntomas de moderación en los precios, empezamos a ver como estas medidas favorecen nuevas subidas a causa de la poca oferta y la mucha demanda», dice Martínez. Los más perjudicados, explica Iglesias, son los jóvenes y las familias con ingresos más bajos.  

El lastre de la vivienda turística

Tanto el responsable de APEI como el de Fegein coinciden en que la nueva normativa no es el único factor que influye en la pérdida de atractivo del mercado del alquiler. Apuntan a otras dos causas. Por un lado, la falta de incentivos fiscales potentes que hagan que los propietarios olviden sus miedos y se decidan a arrendar sus pisos. Y, por otro, el crecimiento de la vivienda turística, a la que se están derivando muchos inmuebles que antes se dedicaban al alquiler tradicional. La mayor rentabilidad de este negocio está provocando problemas en ciudades como Santiago, donde la oferta de vivienda vacacional triplica la residencial, apunta Iglesias.

Por eso, desde APEI apoyan la regulación que impulsa el Gobierno para que las comunidades de vecinos puedan limitar estos alquileres turísticos, lo que podría aumentar la oferta en el canal tradicional.