Diego Comendador: «Debería haber un examen de acceso para ejercer como administrador concursal»

El economista coruñés preside Aspac, asociación que se ha dotado de un código ético para evitar malas prácticas y desmontar mitos: «En el 40 % de los casos trabajamos gratis»


Redacción / La Voz

El economista coruñés Diego Comendador preside desde hace un año la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), que agrupa a más de un centenar de expertos en la materia y que recientemente acaba de publicar el primer código de buenas prácticas del sector, que busca garantizar la ética en el ejercicio de la profesión.

-¿De dónde surge la necesidad de este código ético?

-La realidad es que nuestra profesión no está bien vista a día de hoy. En el 2003, cuando entró en vigor la ley concursal, éramos pocos los que ejercíamos y cogimos cierto prestigio, que se fue deteriorando con los años, por la cantidad de administradores concursales que fueron entrando, que en algunos casos no aplicaban buenas prácticas. Por ejemplo, como en la liquidación cobras un porcentaje al mes, había gente que se eternizaba y estaba dos o tres años, por eso la ley puso coto y estableció un tope de 18 meses para la liquidación. Una de las tareas que nos encomendamos en Aspac es la de dignificar la profesión, y de ahí el código, de obligatorio cumplimiento para los miembros de la asociación.

-¿En qué han fallado?

-De forma general, en nada, pero somos un colectivo de 12.000 personas, que es una locura para 3.000 procedimientos que puede haber en España. Al año se declaran unos 4.000 concursos, pero la cuarta parte se abren y se cierran, no interviene el administrador concursal. Es una de las cosas que estamos peleando para arreglar. En ninguna profesión pasa esto, con el sistema de turnos nos tocaría un concurso cada cuatro años.

-¿Por qué hay esa inflación de administradores concursales?

-Por una deficiente legislación que permitió el acceso a todo el mundo. Y luego, como consecuencia de la crisis. Como tenían menos actividad en sus despachos y en ese momento había muchos concursos (unos 9.000 al año), proliferaron los administradores concursales, porque la ley no impone barreras de entrada. Desde Aspac decimos que tiene que haber un examen de acceso, porque el concursado tiene derecho a que le toque una persona preparada, que gestione bien la empresa, para que los acreedores puedan recuperar sus deudas.

-¿No hay ningún filtro?

-Los hay, pero son muy light: se piden cinco años de experiencia profesional, pero haces un cursillo de pocas horas y ya te vale. Ir a un congreso puede ser útil cuando tienes una formación sólida, pero no te especializa. Nosotros pedimos un examen que llevaría muchas más de 30 horas preparar.

-¿Ese interés por hacerse administrador concursal tiene que ver con la retribución? Ya sabe que les rodea una leyenda de que están muy bien pagados...

-Una leyenda que se puede desmontar con dos datos. No digo que no haya gente que haya hecho dinero, igual que con la medicina o la arquitectura. En una profesión donde se cobra en función del tamaño de la concursada, el que haga el concurso grande cobra más dinero, pero no quiere decir que se haga más rico, porque esos procesos comprometen más recursos. Hay concursos en los que han trabajado hasta 200 personas. Pero en España el 80 % de los concursos tienen activos menores de 2 millones de euros y la media son 500.000 euros, lo que supone unos honorarios de 4.000 euros. Eso es lo que se devenga, pero luego se cobra la mitad. La realidad es que en el 40 % de los concursos trabajamos gratis.

-¿Y eso influye en el resultado, en que el 95 % de los concursos acaben en liquidación?

-A un administrador de Aspac eso no le influye. El problema del fracaso es porque, en su mayoría, las empresas llegan tarde al concurso, porque le tienen miedo.

-¿Por qué hay ese temor?

-La ley no ayuda, porque el procedimiento es muy largo. Un año no te lo quita nadie, por muy bien que vaya, y eso es mucho tiempo para una empresa. Por eso concursan más tarde, pero para entonces llegan desangradas.

-¿Qué tendría que modificarse en la ley para que eso cambiara?

-Acortar los plazos, desjudicializando ciertos trámites, por ejemplo los de notificación y publicidad. En seis meses debería estar el convenio listo, y la liquidación no se puede eternizar, porque los bienes pierden valor.

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