Tener una empleada del hogar cuesta hoy 3.000 euros más al año

El coste total a jornada completa es de 1.260 euros al mes, 239 euros más de lo que se pagaba en diciembre


madrid / colpisa

La fuerte subida del 22,3% que ha experimentado este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se ha situado en los 900 euros al mes (repartidos en 14 pagas), ha supuesto un varapalo para muchas empresas, que han tenido que asumir un coste más elevado por sus trabajadores. Pero, además, esto ha repercutido en los bolsillo de muchas familias, que de diciembre a enero han visto cómo el gasto que dedicaban al pago de la persona (mujer, en la mayoría de los casos) que les ayuda con las tareas del hogar y el cuidado de los niños se ha disparado.

A los 165 euros al mes de más que tienen que abonar a su asistenta (en caso de que la tengan a jornada completa) por el alza del SMI, hay que sumar la fuerte subida de las cotizaciones sociales en el Sistema Especial de Empleadas del Hogar, algo que ha provocado que en muchas familias hayan tenido que reducir el horario de estas trabajadoras. De hecho, la propia Seguridad Social lo hace de manera automática: si el contrato que tienen no se actualiza con la subida correspondiente del salario, lo que hacen es reducirle directamente la jornada laboral.

La cuestión es: ¿Cuál es el desembolso que tiene que realizar ahora una familia que tenga una empleada de hogar a jornada completa? A los 1.050 euros que habrán de pagarle al mes (repartido en 12 pagas), 191,5 euros más que en el 2018, hay que sumar la cuota que ha de abonar el empleador de 210 euros al mes (descontada ya la reducción del 20 % de la que disfrutan nueve de cada diez hogares, que disminuye hasta los 171 euros si son familia numerosa). Esto supone que el coste total de tener una empleada de hogar a jornada completa es de 1.260 euros al mes, 239 euros más de lo que pagaban en diciembre. Así, el gasto anual se incrementa en 2.868 euros.

Si en lugar de ocho horas trabajara media jornada, el coste se reduce a los 647 euros al mes (525 euros de salario más 122 euros de cuota), lo que representa 123 euros más de gasto que un año atrás o casi 1.500 euros más al año.

Con este incremento de cuotas, el Gobierno confía en recaudar este año 16 millones de euros extra, pese a que prevé una reducción en el número de cotizaciones (5.200 menos que en 2018), tal y como ha sucedido en los últimos cinco años. Pero desde el 2012 la base de cotización media de este colectivo se ha incrementado en casi 100 euros hasta los 543 euros al mes, consecuencia también de que los tipos se han encarecido en más de seis puntos.

Pero desde el Ministerio de Trabajo no admiten que este incremento de costes pueda repercutir en una destrucción de empleo en este sector o reducción de la jornada. «Creemos que en este momento la subida no va a tener un impacto negativo apreciable», asegura Borja Suárez, director general de Ordenación Económica de la Seguridad Social, que considera que «el esfuerzo que se exige al empleador es asequible». Sin embargo, en los dos primeros meses del 2019 la afiliación ha caído más de un 2,5 % interanual, frente al crecimiento superior al 3,5 % en el Régimen General.

Las empleadas del hogar cuentan con un sistema especial de cotización que no se basa en el salario real -está previsto que se implante en el 2021-, sino que va por tramos salariales, algo que se estableció en la reforma del año 2011, cuando pasaron a integrarse en el Régimen General. Cada empleador tiene la obligación de dar de alta a las trabajadoras del hogar y cotizar por las horas efectivas de trabajo, aunque se estima que una cuarta parte de este colectivo está en la economía sumergida. A partir del pasado enero las bases de cotización por contingencias comunes pasaron a establecerse en función de diez tramos, en lugar de los ocho que existían en el 2018, que comienza con una base mínima de 206 euros al mes y una cuota de 61,39 euros para un máximo de 34 horas mensuales, lo que supone 38,26 euros más que un año atrás. Otra novedad es que incluye un tramo horario. Pero además de la fuerte subida que se ha producido en cada tramo de cotización, se añade que el tipo que se aplica ahora para este colectivo se equipara por primera vez en la historia con el Régimen General: se sitúa así en el 28,3 % tras aumentar nueve décimas, la misma subida que se ha registrado en los últimos siete años. Otro hecho que contribuye a encarecer el coste total de una empleada del hogar es que la cotización por contingencias profesionales también se ha incrementado más de medio punto: del 0,9 % del 2018 ha pasado al 1,5 %.

El colectivo más precarizado

Las más de 600.000 trabajadoras domésticas pueden ser despedidas sin causa, no tienen paro y su pensión es de apenas 500 euros al mes. En España hay 616.900 personas que trabajan en el sector doméstico, de las cuales un 89% son mujeres y más de la mitad inmigrantes, según los últimos datos de la EPA, que no concuerdan con las 407.000 afiliaciones en este sistema, lo que evidencia el elevado peso de la economía sumergida en este sector, uno de los más precarios del mercado laboral. Y es que son las únicas trabajadoras por cuenta ajena que no tiene derecho a la prestación por desempleo. Además, pueden ser despedidas sin alegar causa alguna y no existe una protección especial para las que están embarazadas.

«La norma que regula actualmente la relación laboral de las empleadas del hogar debería reformarse porque va en contra de derechos fundamentales recogidos en la Constitución», denunció esta semana la Fundación Alternativas durante la presentación del estudio Empleadas del hogar: un caso evidente de discriminación indirecta.

Además, el empleo del hogar es la actividad económica donde los salarios son más bajos, limitándose al 44% del sueldo medio, lo que explica que una tercera parte de estas trabajadoras viven por debajo del umbral de la pobreza, según recoge un informe de Oxfam Intermon. Y esto tiene su repercusión directa cuando llegan a la edad de jubilación, puesto que sus pensiones medias son de poco más de 520 euros al mes, la mitad que la del conjunto del sistema; por ello, el 65 % necesita de un complemento para poder llegar a una prestación mínima porque lo cotizado no da para una pensión que alcance ese umbral, según destaca la Fundación Alternativas. El Gobierno ha manifestado varias veces su voluntad de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sienta las bases para mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo. Y este compromiso lo incluirá «con carácter de urgencia» en el Plan Reincorpora-T, dirigido especialmente a parados de larga duración, que previsiblemente aprobará el próximo viernes, donde pretende desarrollar un «programa de seguimiento» de estas empleadas del hogar, así como elaborar una guía práctica de identificación y evaluación de sus riesgos laborales.

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