Ence está dispuesta a librar la batalla judicial hasta el final. Si no se mantiene la actividad de la fábrica de Pontevedra, reclamará responsabilidad patrimonial al Estado por los daños causados, y responsabilidades personales a quienes refrendaron el cambio de criterio que llevó al Gobierno a allanarse en los contenciosos contra la prórroga. En el actual momento procesal, todo está en el aire.
Existen tres contenciosos contra la prórroga en la Audiencia Nacional, interpuestos por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. En los tres litigios el Gobierno renunció a defenderse. Colmenares indicó que se pueden presentar tres escenarios. El peor sería que la Audiencia Nacional estimase las demandas y declarase nula la prórroga. Otra posibilidad sería que la Audiencia Nacional no considerase los escritos de allanamiento y que entendiese que Ence tuviese derecho a seguir defendiéndose. El tercero es que el Estado comunicase que sus escritos de allanamiento son contrarios a derecho. Sea lo que sea, todas las partes dan por sentado que los litigantes que pierdan acudirán al Supremo. Ence estaría dispuesta a ir hasta el Constitucional y, llegado el caso hasta el Tribunal de Estrasburgo. El proceso durará de cuatro a seis años.