Varias decenas de personas se concentran ante la fábrica de Sabón, sobre la que pesa un expediente de regulación de empleo temporal
28 mar 2019 . Actualizado a las 19:13 h.Decenas de personas se concentraron esta tarde a las puertas de la fábrica de Ferroatlántica en Sabón (Arteixo) en demanda de un marco retributivo estable para las empresas con un importante consumo eléctrico, como es el caso. Su ausencia ha provocado ya la parada de dos de los tres hornos de la planta y la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para los 122 operarios que componen la plantilla durante los dos próximos años.
La crisis afecta también al complejo industrial de Ferroatlántica en Cee-Dumbría, con 262 empleados, que acogió una concentración similar a la de Sabón el pasado día 1.
En la manifestación, organizada por la CIG, mayoritaria en el comité de empresa, participaron también trabajadores de otras empresas en apuros por el precio eléctrico, como Alcoa y Celsa. Agustín Méndez, presidente del comité de esta última compañía, con una planta en A Laracha, explicó que la dirección todavía no les ha planteado reducir producción, pero sí su preocupación por la progresiva reducción de los incentivos eléctricos en los últimos años. Méndez cifró ese recorte en un 50 %.
Celsa es el segundo mayor productor de acero de Europa. La fábrica de A Laracha tiene una plantilla de 160 operarios.
En la protesta también participaron el alcalde de Arteixo, el popular Carlos Calvelo; y el candidato a la alcaldía de A Coruña por el BNG y exdiputado nacional, Francisco Jorquera.
Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, avanzó que el sinidcato tiene una propuesta para crear una tarifa eléctrica industrial, que incluye exenciones en el pago de los peajes que no estén relacionados con el coste de la energía (como el pago de las primas a las renovables y los sistemas extrapeninsulares, entre otros) y que gravan la factura de la luz de los consumidores. El gasto que supondrían esas bonificaciones se cargarían a los Presupuestos Generales del Estado y no al resto de consumidores, vía recibo eléctrico. También propone ampliar al máximo la partida reservada para las compensaciones por las emisiones indirectas de dióxido de carbono.