Ence no invertirá en Galicia hasta que se despeje el futuro de la planta de Lourizán

La pastera deriva a Navia 550 millones para potenciar allí su negocio de celulosa


redacción / la voz

En el peor de los escenarios posibles para el futuro de Ence, es decir, un pronunciamiento judicial definitivo contrario a la fábrica de Pontevedra, la compañía buscaría fuera de España una ubicación para invertir en un complejo que compensase la pérdida del centro de Lourizán. Fue la respuesta contundente del consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, a la pregunta de uno de los participantes en la junta de accionistas celebrada en Madrid. Colmenares todavía confía en una resolución favorable para la pastera en cuanto a la fábrica de Lourizán, pero en caso contrario, el plan B sería un mazazo para el sector forestal e industrial gallego. «La madera de Galicia no es la más barata, la mano de obra tampoco y por un criterio puramente económico invertiríamos fuera de España, en un país que nos dé seguridad jurídica», aclaró.

Entiende el consejero delegado de Ence que sus accionistas no le dejarían realizar la «monumental» inversión de ochocientos a mil millones de euros que costaría una nueva fábrica en una ubicación que no fuera garantista y, tras el allanamiento del Gobierno central en los recursos contra la prórroga de la concesión, en España falta esa misma seguridad jurídica que necesitan. Añadió, además, que el traslado de la fábrica como proponen desde diversos grupos políticos de Pontevedra es inviable: «Se traslada un columpio, pero no una casa y no existe el traslado de una fábrica, porque no tiene ruedas».

Por otra parte, Colmenares explicó a los accionistas que se mantienen las previsiones de inversión en el sector de la celulosa porque es asumible. Eso sí, se modificará sustancialmente el reparto del presupuesto. En vez de repartirse 600 millones entre Pontevedra y Navia, la incertidumbre jurídica creada impone que solo se queden en Lourizán los 50 millones comprometidos para este año. El resto del presupuesto se desviará a la fábrica que la empresa tiene en Navia. Será el complejo asturiano y no el gallego quien aumente exponencialmente su producción y todo lo que ello conlleva. En la junta, Colmenares llegó a definir a la planta asturiana como «el buque insignia de la celulosa».

El consejero delegado de Ence afirmó que la decisión del Gobierno central de no defender la prórroga de la concesión en la Audiencia Nacional «es una faena para la compañía, pero nos pilla con un balance sólido, por lo que el plan estratégico no cambia». Precisó que a los inversores les supondrá otra faena por la repercusión en las acciones, pero está seguro de que el mercado se recuperará.

«Aquí solo hay un afectado y es el empleo, las cinco mil familias de Galicia que viven de esto». Colmenares añadió que en un escenario malo para la industria con los problemas de Ferrovial, Alcoa y otras compañías, no se entiende la actitud de la Administración central en cuanto a Ence. Ya se han pedido 300 millones de euros en inversiones en Lourizán en los próximos años. Solo en el 2019, de los 75 previstos se quedan fuera 25 millones. Todos los proyectos que se iban a realizar están congelados. Y hasta que no haya una resolución judicial definitiva, y en términos favorables, hasta las paradas técnicas serán «del mantenimiento mínimo para cumplir».

Reclamará responsabilidad patrimonial al Estado por la planta de Lourizán 

Ence está dispuesta a librar la batalla judicial hasta el final. Si no se mantiene la actividad de la fábrica de Pontevedra, reclamará responsabilidad patrimonial al Estado por los daños causados, y responsabilidades personales a quienes refrendaron el cambio de criterio que llevó al Gobierno a allanarse en los contenciosos contra la prórroga. En el actual momento procesal, todo está en el aire.

Existen tres contenciosos contra la prórroga en la Audiencia Nacional, interpuestos por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR. En los tres litigios el Gobierno renunció a defenderse. Colmenares indicó que se pueden presentar tres escenarios. El peor sería que la Audiencia Nacional estimase las demandas y declarase nula la prórroga. Otra posibilidad sería que la Audiencia Nacional no considerase los escritos de allanamiento y que entendiese que Ence tuviese derecho a seguir defendiéndose. El tercero es que el Estado comunicase que sus escritos de allanamiento son contrarios a derecho. Sea lo que sea, todas las partes dan por sentado que los litigantes que pierdan acudirán al Supremo. Ence estaría dispuesta a ir hasta el Constitucional y, llegado el caso hasta el Tribunal de Justicia de la UE. El proceso durará de cuatro a seis años.  

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La reunión en Transición Ecológica no despejó ninguna de las dudas de los comités

Los comités de empresa de Ence explorarán la vía judicial como una fórmula más para actuar frente a la decisión del Gobierno central de no defenderse en dos recursos que se siguen contra la prórroga de la concesión de la pastera en Lourizán ante la Audiencia Nacional. Es la conclusión a la que llegaron después de una reunión en Madrid que iba a ser con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y que acabó siendo con el jefe de gabinete, Ismael Aznar, ya que su superior varió su cita por la agenda electoral, según indicaron fuentes de los comités. Fue una decisión que indignó todavía más a los representantes de los trabajadores que, si habían viajado a Madrid, era para exponer sus quejas. Querían que desde el Ministerio de Transición Ecológica se les aclarasen sus dudas sobre el cambio radical de opinión del Gobierno en cuanto a la prórroga de la concesión. Y no era un jefe de gabinete a quién esperaban ver, sino a alguien con más peso en la Administración central.

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