El impuesto que reina en los litios es el IRPF. En el caso de Galicia, éste supone casi el 40% del total de casos
27 mar 2019 . Actualizado a las 12:04 h.Los contribuyentes gallegos, y especialmente las empresas, se están acostumbrando a asumir funciones de la Agencia Tributaria: interpretan las normas y calculan sus cuotas tributarias, a través de las autoliquidaciones. El más mínimo error es motivo de sanción por parte de Hacienda, que se limita a ejercer de policía fiscal, controlando incumplimientos y castigándolos. Así lo denuncia el Círculo de Empresarios de Galicia en un informe en el que constata un incremento del número de litigios de carácter tributario que se registran en la comunidad.
Según el estudio, el Tribunal Económico Administrativo de Galicia recibió en el año 2017 más reclamaciones que el de Cataluña, y solo por detrás de los de Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana. Llama además la atención que este tipo de recursos de contribuyentes contra resoluciones de la Agencias Tributaria se han incrementado un 70 % desde el 2010 en la comunidad, mientras que en el resto de España han disminuido un 2 %.
Los tribunales especializados en la materia resolvieron el año pasado 209.617 reclamaciones en España, de las cuales el 45,31 % (94.986) fueron estimadas total o parcialmente. En Galicia, en el mismo período, el número de recursos resueltos fue de 14.903, y se estimaron algo menos de la mitad (7.043, es decir, un 47,25 %). Tanto en Galicia como en el resto de España, el impuesto que recibe mayor número de reclamaciones es el IRPF, que los tribunales estimaron en un 46,62 % de los casos. En Galicia, ese porcentaje fue del 39,24 %.
En el caso de tributos cedidos a las autonomías, el resultado es inverso. Los litigios relacionados con sucesiones y donaciones alcanzan una ratio de éxito del 69,45 % en España y de un 82,16 % en la comunidad gallega.
Lo mismo ocurre con el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Prosperan el 63,83 % de los litigios presentados en el conjunto de España, y el 75,23 % de los gallegos.
Según el Círculo de Empresarios, el importe de deudas tributarias pendientes de resolución supera los 50.000 millones de euros. «Un dinero que está bloqueado mientras no hay resolución: ni lo cobra la Administración ni lo tienen a su disposición las empresas». La organización propone crear una comisión formada por la Administración y los agentes sociales y económicos para reducir esta elevada litigiosidad.