Prorroga la orden que pesa sobre sus propiedades, a punto de vencer, otros 4 años más
20 mar 2019 . Actualizado a las 20:47 h.La Justicia va tan lenta que el principal acusado por la quiebra de Pescanova, en el año 2013, podría haber recuperado todos sus bienes embargados sin que ni siquiera existiera aún fecha de señalamiento para el inicio del juicio.
No ocurrirá, porque la magistrada de la Audiencia nacional, María Jesús Fraile, ha decretado la prórroga de la orden que pesa sobre todas las propiedades del expresidente del grupo pesquero, Manuel Fernández de Sousa durante cuatro años más.
El Juzgado Central de Instrucción número 5 argumenta en el decreto (que tiene fecha del 5 de marzo) que toma la decisión cuando está a punto de vencer el plazo máximo de cuatro años que establece la Ley Hipotecaria para las anotaciones preventivas y «porque las circunstancias que justificaron su decisión no han cambiado». La magistrada avala esta medida teniendo en cuenta, además que, una vez culminada la instrucción del caso, que se ha extendido durante más de cinco años, ya solo queda que la Sala de lo Penal fije fecha de arranque de juicio.
La prórroga da continuidad al bloqueo preventivo de la práctica totalidad de las propiedades a nombre de Fernández de Sousa para cubrir la posible responsabilidad civil que pudiera recaer sobre él, en caso de ser condenado; y que el primer instructor del caso, Pablo Ruz, fijó en el año 2015 en 348 millones de euros.
En su día, el expresidente de Pescanova presentó al juez como único patrimonio inmobiliario una finca no edificable de 52 hectáreas en el municipio madrileño de El Escorial, además de un listado de participaciones societarias, los dos vehículos Mercedes y una cuenta corriente en el Sabadell, con un saldo de 4.007,62 euros. Tras una investigación patrimonial ordenada por Ruz, el expresidente de Pescanova reconoció la omisión involuntaria de varias propiedades más.
Fincas, coches y barcos
En el decreto que prorroga el embargo constan 50 fincas inscritas en el Registro de la Propiedad de Tui (Pontevedra) a nombre de la sociedad Kiwi España; además de las acciones y participaciones sociales de las que Fernández Sousa es titular o a través de otras entidades, es decir: Inverpesca, Inverlema, Sodesco (a través de las cuales posee el 7,5 % de la sociedad de cartera Pescanova SA), Servicios Hípico Pegullal, Servicios Hípicos Hipigal, Hose Form, Expoaqua, Astilleros y Construcciones Lagoa, Yatesport, Servicios de Gestión y Exposiciones Exponáutica y Agropecuaria Zarzalejo. Entre el patrimonio inmovilizado figuran además cinco embarcaciones deportivas.
Fernández de Sousa será juzgado acusado de un total de nueve delitos: falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica, estafa para captar inversores, estafa a entidades financieras, falsedad en documento mercantil, insolvencia punible, alzamiento de bienes, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo supervisor. El auto del 11 de junio del 2011 abrió juicio oral además a otros 18 investigados (personas físicas) que en total se enfrentan a 146 años de prisión.
En enero, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la responsable de constituir el tribunal y fijar el calendario de señalamientos, designa al magistrado Eloy Velasco (conocido por su intervención en macrocausas como Púnica, Leza o el 11-M) como ponente de la causa.