Ence cifra en 185 millones el impacto del «improbable» cierre de la planta de Pontevedra

Las acciones de la compañía pierden casi un 11 % en dos días


Redacción

El Gobierno ha dado un paso atrás y ha dejado sola a Ence en su lucha judicial para defender la prórroga de la concesión de la que disfruta la empresa en la ría de Pontevedra. La que le otorgó el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy en enero del 2016 y que expira en el 2073. Ese giro de 180 grados en la postura de la Abogacía del Estado supone poner en jaque otra vez la continuidad de la planta de Lourizán.

La batalla en los tribunales se prevé larga, pero en la pastera ya han hecho números. Poniéndose en lo peor, esto es, en el caso de que el proceso acabe derivando en el cierre de la factoría -algo que, en cualquier caso, consideran «improbable»-, tendrían que hacer frente a un roto en las cuentas de 185 millones de euros. Es lo que le han hecho saber a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y desglosan el golpe: calculan en 74 millones de euros el impacto en caja (43 millones por actuaciones de desmantelamiento, 16 por la cancelación de contratos en vigor y otros 15 millones por el coste de un expediente de regulación de empleo de extinción total, que afectaría a los 400 trabajadores que tiene la fábrica en plantilla). Y los otros 111 millones de euros se corresponderían con el «deterioro del activo», aclara Ence en la información enviada al regulador bursátil.

Son cifras para «el peor de los escenario», que en la empresa confían en que no se produzca. Mucho más reales resultan los número del castigo que han sufrido las acciones de la compañía en la bolsa (se han dejado un 11 % en dos días) a cuenta de una decisión, la del Gobierno, que el grupo pastero califica como «contraria al ordenamiento jurídico» y de la que asegura que «solo puede ser explicada en clave electoral» y que «supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural»

Y es que, según los datos que maneja la compañía, peligran más de 5.000 puestos de trabajo. A los 400 empleos directos de la planta habría que sumar 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte, así como más 2.100 en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra.

A los afectados por el hipotético e «improbable» cese de actividad en las instalaciones de Lourizán se refirió ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cuando aseguró que «si Ence tiene que cerrar se irán todas las personas que cobran la nómina, pero también todos los autónomos que transportan en su camiones la madera; el puerto de Marín perderá entre un 30 y un 40 % de su actividad, y el de Ribadeo a su cliente principal y será un puerto fantasma; mientras que las familias gallegas con madera se quedarán sin su comprador fundamental». Y advirtió que Galicia tiene «competencias» y «herramientas» que utilizará para defender a las miles de familias que dependen de la pastera.

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