Trabajo maquilla la renuncia a la reforma laboral con el control de las horas extras

No habrá «contrarreforma» laboral. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, confirmó ayer que el Gobierno, que antes de llegar a la Moncloa hizo bandera de su promesa de modificar los aspectos más lesivos de la normativa aprobada en el 2012 por el Ejecutivo del PP, ha renunciado a aprobar esos cambios por decreto antes de las elecciones del 28 de abril. «Hemos sopesado los pros y los contras (...) y hemos llegado a la conclusión de que no íbamos a contar con suficientes apoyos en la comisión permanente, tal y como hemos visto con el tema de las pensiones», se justificó Valerio, que lo vendió como un ejercicio de «prudencia».

La titular de Trabajo compareció tras un Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo aprobó otras medidas laborales con las que maquilló en parte esa renuncia a una parte nuclear de su programa. Entre ellas está la implantación de un registro de control horario, para luchar contra las horas extras no remuneradas, y la recuperación del subsidio para los desempleados mayores de 52 años.

Control horario

Será obligatorio en dos meses, pero menos rígido de lo que pedían los sindicatos. El decreto, que previsiblemente verá la luz en el BOE el martes de la próxima semana, da dos meses a las empresas para implantar un modelo de registro diario de las jornadas de todos sus trabajadores, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de las mismas. La empresa deberá conservar esos registros durante cuatro años, para que estén a disposición de los empleados, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo. La medida, reclamada desde hace años por los sindicatos, que reclamaban ese control diario para poder cuantificar las horas extras que se realizan y exigir su abono, ha tenido una fría acogida por parte de UGT y Comisiones Obreras, que creen que la ministra no ha respetado lo pactado con ellos. En concreto, reprochan al Gobierno que deje el diseño de las medidas concretas que se aplicarán en cada empresa al albur de la negociación colectiva y, en caso de que no haya acuerdo, en manos del empresario, ya que consideran que de esta forma los trabajadores, especialmente los de microempresas de sectores muy precarizados, seguirán desprotegidos. Y es que el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, admitió que han conseguido enfriar las pretensiones iniciales del Ejecutivo y que el texto final «no es lesivo para las empresas». Entre otras cosas, porque no se modifica el régimen sancionador, de forma que en caso de incumplimiento se aplicará una multa única y no una por cada trabajador afectado, lo que para los sindicatos puede hacer que a la empresa le salga más a cuenta pagar la multa que asumir el sobrecoste de las horas extras.

Desempleo

Se recupera el subsidio a mayores de 52, con un coste de 348 millones este año. Otra de las medidas que recogerá el decreto es la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, rebajando así el listón actual para acceder a la ayuda, que el Gobierno de Rajoy elevó hasta los 55. De esta forma, los 266.000 beneficiarios actuales se incrementarán en 114.000, con un coste adicional de 348,7 millones de euros. Todos ellos cotizarán por el 125 % de la base mínima, al tiempo que otras 12.000 personas que ahora solo cobraban el subsidio de forma parcial pasarán a percibirlo íntegramente, como si hubieran trabajado a tiempo completo.

Otras medidas

Rebajas en las cuotas para evitar despidos en el sector turístico. Además, el decreto incluye una rebaja del 50 % de las cotizaciones sociales a las empresas vinculadas al turismo, la hostelería y el comercio que mantengan los contratos fijos discontinuos en temporada baja, una medida que costará unos 15 millones pero que evitará miles de despidos, especialmente en los hoteles. También se incrementan (como se había previsto en los Presupuestos que rechazó el Congreso) las ayudas por hijo a cargo para familias en situación de pobreza, que pasan de 291 a 341 euros, y a 588 euros para aquellas en pobreza severa, lo que beneficiará a 80.000 menores

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