El Gobierno planea incentivos vía IRPF para aumentar la oferta, pero por ahora se reduciría el IBI a las rentas moderadas
01 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno se plantea elevar las deducciones fiscales para el alquiler de vivienda, en este caso vía impuesto de la renta (IRPF), pero sería «en un futuro». En el decreto que el Gobierno quiere llevar a Consejo de Ministros -parece que no será al de hoy- solo se refleja la posibilidad de que los ayuntamientos fijen (bajo su potestad) una bonificación de hasta el 80 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) para las casas que se arrienden como domicilio habitual del inquilino, y cuyo coste no supere la renta media de la zona donde se sitúe. Una reducción que podría llegar al 90 % si ese precio se limita conforme a una norma jurídica.
Para ello se tendrá en cuenta el nuevo sistema estatal de índices de referencia del precio de esos alquileres -el Ministerio de Fomento lo ve «fundamental» para mejorar la «información y transparencia», y se da un plazo de hasta ocho meses para ponerlo en marcha-, compatible con las estadísticas que ya tienen varias comunidades autónomas. Los datos se tomarán de los contratos registrados públicamente, aunque los cambios afectarán a todos los acuerdos, pero no tendrán carácter retroactivo.
Esas modificaciones se incluían en su mayoría en el decreto aprobado el pasado 14 de septiembre, pero rechazado solo 35 días después por el Congreso. Entre ellas, que los contratos durarán de inicio cinco años -siete si el dueño es una empresa-, ampliables directamente por otro trienio.
La novedad es que si no se pacta otra cosa entre las partes, las actualizaciones de rentas se harían conforme al IPC anual, en concreto el último dato de la inflación antes de que se firmase el acuerdo correspondiente.
Asimismo, como garantía adicional, el propietario solo podrá requerir dos meses extra de fianza, pero si es una empresa esta pagaría a la inmobiliaria en caso de que hubiera mediado en la operación. A la hora de renunciar a la prórroga automática de los contratos que se establece ahora, los propietarios tendrán la mitad de margen de tiempo que los inquilinos: un mínimo de cuatro meses para el aviso de los primeros frente a dos en el caso de los segundos.
Nada de limitar precios
Pero de límites directos a los precios del alquiler, «nada de momento», ni tampoco se prevé que cambie la situación a medio plazo por la «dificultad de legislar algo así», señalan desde el departamento que dirige José Luis Abalos. Por ello desde Podemos se acusa al Gobierno de ser «cobarde por no regular», aunque adelantan su probable voto positivo en el Congreso porque el decreto «es una mejora». En PNV y PDeCAT se muestran proclives a seguir sus pasos, pero insisten en que desde el Ejecutivo sean «más ambiciosos» en los incentivos fiscales para ampliar la oferta.
