El Gobierno quiere vincular al IPC las subidas de los alquileres sin limitar precios

El Ejecutivo permitirá a los ayuntamientos que rebajen el IBI para moderar tarifas


Colpisa

El Gobierno no quiere que termine la legislatura sin al menos recuperar los cambios en materia de vivienda que introdujo a finales del 2018 y que en poco más de un mes terminó rechazando el Congreso. Por eso es probable que este viernes el Consejo de Ministros recupere la mayoría de medidas de aquel decreto con algunos cambios; el principal, la vinculación de las subidas de los alquileres a la evolución del índice de precios de consumo (IPC). Eso sí, que nadie espere una limitación a los precios de los arrendamientos. Como vienen advirtiendo desde el Ministerio de Fomento, la «complejidad legal» de una decisión de tal alcance obliga a contar con un consenso que actualmente no existe.

Estiman, no obstante, que desde comunidades autónomas (que tienen transferidas las competencias de vivienda) y ayuntamientos (con atribuciones de urbanismo) sí podrían trabajar en actuaciones para incentivar unos topes concretos.

En concreto, el decreto establece la posibilidad de que las corporaciones locales puedan fijar una reducción de hasta el 80 % en el tipo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) para aquellas casas cuyo arrendamiento mensual no supere la renta media de la zona donde se sitúa. Esta medida, sin embargo, es competencia de los propios municipios, que deberán valorar el impacto de esa aminoración en la recaudación de un tributo que representa más del 60 % de los ingresos fiscales para la mayoría de las capitales.

El Ejecutivo se limitaría a reformar la Ley de Haciendas Locales para permitir los cambios, pero la potestad sería de cada ayuntamiento. Esta medida es rechazada desde Podemos, que lleva negociando el texto con el Gobierno hace días, por verla «perjudicial» para las arcas municipales, y también «insuficiente».

Una de las cuestiones que todos esos grupos ven positiva es la introducción «obligatoria» -y no voluntaria, como hasta ahora- del IPC como referencia para la actualización de los contratos de alquiler, tanto en sus primeros cinco años de duración -siete si el propietario del inmueble es una empresa- como en las prórrogas posteriores de un trienio de una sola vez.

También se refuerza la protección al inquilino eliminando la distinción entre contratos registrados y privados.

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