Imputan a directivos de la empresa San José por sobrecostes en el AVE a Murcia

A la compañía gallega, adjudicataria de uno de los tramos, se le atribuye un desvío de dinero público de más de tres millones de euros


redacción / la voz

Varios responsables de la empresa gallega Constructora San José han sido imputados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia por un presunto fraude millonario, que podría alcanzar los 23 millones de euros, en relación con las obras del AVE que se construye en esa comunidad y en el que también están involucradas otras tres compañías, Sacyr, Dragados y Acciona. El escándalo judicial, conocido como caso César, se destapó hace algo más de cuatro años cuando se tuvieron las primeras sospechas sobre el presunto desvío de dinero público a partir de unas facturas remitidas a Hacienda, según el auto de la jueza.

La gallega San José se encargaba de uno de los tramos del proyecto de alta velocidad en esa región y es precisamente sobre esta compañía sobre la que recaen las acusaciones de sobrecostes más abultados. El trayecto en el que se habría producido la posible malversación y que afectaría al grupo con sede en Pontevedra se refiere al comprendido entre Colada de la Buena Vida y Murcia.

De acuerdo con las indagaciones judiciales, la cantidad sin justificar que podría haber facturado la empresa alcanzaría los 3,4 millones de euros. Es decir, sería la diferencia sin acreditar entre el importe que Constructora San José facturó a ADIF, casi 13 millones de euros, y la relación de los costes aportados, 9,4 millones. El desvío por lo tanto sería de un 35 % de lo presupuestado, según el auto judicial.

Los delitos a los que podrían enfrentar los imputados van desde la estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales e insolvencia punible. La trama infractora en la que están involucrados los ejecutivos del grupo constructor pontevedrés, comprendería a más de medio centenar de directivos de hasta ocho empresas, pero también altos directivos del ente público ADIF, de un despacho de ingenieros que coordinaba los trabajos y de las agrupaciones de agricultores de la zona afectada.

La construcción de esta infraestructura ferroviaria ha estado rodeada de polémica. Además de esta presunta trama delictiva de malversación de dinero público, el trazado ha tenido una gran contestación social, que reclamaba que se soterrase la llega del AVE a Murcia para evitar que la ciudad fuera dividida en dos. Reclamación que finalmente ha sido atendida.

La trama delictiva se extiende a constructoras, directivos públicos y agricultores

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