Empresas de capital mexicano, chino y francés controlan los servicios de las ciudades gallegas

Los gobiernos de A Coruña y Ferrol no rescataron contratos, como prometieron


La Voz

Es un goloso pastel, que mueve más de 150 millones de euros al año pero que se reparte entre pocos comensales. Las ciudades gallegas siguen confiando a grandes compañías multinacionales las concesiones de los principales servicios, como el suministro de agua, la limpieza viaria o la recogida de basura. Y eso a pesar de que la remunicipalización fue uno de los eslóganes de la campaña de las últimas elecciones locales, en las que las mareas (que ahora gobiernan las tres urbes coruñesas) prometieron recuperar para la gestión pública directa contratos polémicos, en los que los desmanes en la gestión provocaron incluso la intervención de los jueces, que investigaron irregularidades en la concesión y la prestación de los servicios.

A escasos tres meses de la próxima cita con las urnas, solo en Santiago se ha cumplido esa promesa, con el rescate en marzo del año pasado del contrato de la grúa y la ORA, que ahora presta la empresa municipal de transportes después de que una sentencia anulara la última concesión a la empresa Setex Aparki. En A Coruña y Ferrol, sin embargo, la promesa no se ha cumplido de momento. En la primera ciudad, Xulio Ferreiro renunció al inicio del mandato a recuperar la gestión de la grúa y la ORA, y es ahora cuando se acerca la próxima cita con las urnas cuando anuncia que el expediente para otorgar a la Empresa Municipal de Vivenda, Servicios y Actividades (Emvsa) la concesión de las bibliotecas está «bastante avanzado». En Ferrol, Jorge Suárez quiere hacer lo propio con el contrato de la recogida de basura, aunque tras tres años de indecisión (con el contrato anterior caducado desde diciembre del 2015) los plazos son muy apurados para que pueda llegar a tiempo antes de las municipales, ya que aún no hay ninguna propuesta.

Esta es la situación de los servicios municipales en las siete ciudades gallegas, donde FCC (en manos del mexicano Carlos Slim), Viaqua (que depende del grupo francés Suez) y Urbaser (propiedad de un grupo chino) emergen como las principales concesionarias de Galicia.

Vigo

Contratos con claro acento mexicano. A diferencia de lo que ocurre con las mareas, el gobierno de Abel Caballero no prometió remunicipalizar servicios ni tiene previsto ningún movimiento en ese sentido. Y, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las urbes de la comunidad, en Vigo todas las concesiones tienen contrato en vigor. FCC es el grupo más beneficiado por el reparto, ya que gestiona la recogida de la basura y la limpieza viaria, pero también el suministro de agua, a través de su filial Aqualia. De capital mexicano es también ADO, el grupo que controla Vitrasa, concesionaria del transporte urbano en la ciudad, cuyo contrato vence el año que viene, por lo que el Concello está ya trabajando en los pliegos de la nueva concesión.

Del resto de servicios, destaca el de parques y jardines, adjudicada a la empresa andaluza Althenia, mientras que las bibliotecas están atendidas con personal municipal.

A Coruña

Conflictos con las concesionarias. En A Coruña, el suministro de agua es el único servicio que no está externalizado, ya que lo gestiona la empresa municipal Emalcsa, que también suministra a los ayuntamientos del área metropolitana. Al margen de este, los dos contratos más importantes son los de recogida de basuras y limpieza viaria, que sobrepasan los 10 millones anuales cada uno y que presta en la actualidad la empresa Cespa (Ferrovial). Lo hace en precario, ya que ambos han caducado y los pliegos que prepara el gobierno local aún tardarán meses en estar adjudicados. Esa precariedad ha causado problemas en el servicio -hace dos semanas la basura se acumuló en las calles porque los trabajadores se negaron a utilizar camiones con desperfectos- y a nivel administrativo, ya que el pago mediante facturas es un procedimiento irregular.

Los conflictos también afectan al transporte público, que depende de la Compañía de Tranvías, una empresa familiar. La firma y el Ayuntamiento mantienen una pugna judicial, ya que el gobierno local declaró caducado el contrato -para después prorrogarlo- sin que hubiese una resolución judicial o de otra institución que avalase esa decisión, y aprobó de forma unilateral una bajada de las tarifas que la Compañía considera una vulneración del contrato vigente.

En precario está también la gestión de las bibliotecas, que depende de la firma LTM, cuyo contrato terminó el 1 de febrero. Esa situación se prolongará al menos durante dos meses, tras los cuales el gobierno local tiene previsto transferir a los cerca de 60 trabajadores del servicio a la empresa municipal Emvsa, aunque no se ha aclarado aún en qué condiciones.

Ourense

Servicios en precario. En el Concello de Ourense las concesiones de servicios municipales están en muchos casos en precario. Ocurre así con la del transporte urbano y con la del agua (saneamiento y abastecimiento). El gobierno local achaca el retraso en la licitación de esos contratos a la falta de personal para gestionar los expedientes administrativos y a las dificultades que supone la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. A diferencia de lo que ocurre en otras urbes, las empresas gallegas sí tienen aquí una parte del pastel, ya que Copasa y Geseco participan, junto con FCC, en la UTE que gestiona el contrato de recogida de basura y limpieza viaria.

Lugo

Más de 20 millones en facturas de contratos caducados. La acumulación de concesiones con contratos caducados, sobre una veintena, motivó una denuncia penal contra el gobierno local por parte del grupo municipal del PP, que cifra en más de 20 millones los pagos efectuados en el 2017 por las facturas de esas concesiones en precario, que se abonan pese a los reparos de legalidad de la Intervención municipal. La alcaldesa, Lara Méndez, replica que, pese a que la sobrecarga del personal municipal dificulta la redacción de los nuevos pliegos, «la idea es que a final de mandato [los nuevos contratos] estén, si no renovados, casi todos en licitación.

Santiago

Concesiones muy repartidas. En Santiago, la gestión de esos servicios está mayoritariamente en manos de grandes grupos empresariales. Viaqua gestiona desde hace lustros los servicios del tratamiento integral del agua y Urbaser hace lo propio con la recogida de residuos y la limpieza de las vías públicas. El transporte público es cosa esencialmente de Monbus y Cespa se ocupa de los parques y jardines, mientras que las tres escuelas infantiles municipales tienen al frente a Sermasa (grupo Vendex) y Ferrovial lleva dos servicios tan dispares como el de mantenimiento de la red eléctrica y la gestión de la mayor parte de la programación de los centros socioculturales. Eulen y Domus Vi se reparten la atención en el hogar.

Pontevedra

Dominio de Ferrovial. Salvo en el caso del suministro de agua, que está en manos de Viaqua, el resto de los grandes contratos de la ciudad, la única sin servicio de transporte urbano, están en manos de Ferrovial, que gestiona recogida de basuras, limpieza viaria y también el mantenimiento de parques y jardines.

Ferrol

Deudas con las concesionarias. En Ferrol los servicios más gravosos están sin contrato. Además del caso de Urbaser, a la que se debe cerca de un millón de euros (el contrato de limpieza y gestión de residuos venció en diciembre del 2015, por lo que las facturas se tienen que pagar a través de reconocimiento extrajudicial de crédito que no logran pasar el filtro del pleno), también la concesionaria de parques y jardines, la compañía San José-El Ejidillo, trabaja en precario, con un contrato caducado hace más de un año. En este caso, el gobierno dice que se está trabajando en el pliego de un nuevo concurso.

En cuanto al servicio de agua y saneamiento, lo gestiona la empresa mixta Emafesa y también hay problemas, hasta el punto de que la firma no tiene liquidez de tesorería y los bancos no le conceden una póliza de crédito mientras el pleno no apruebe las cuentas anuales de la empresa, que fueron dos veces a pleno y en ambos casos la oposición las tumbó.

Información elaborada por M. Ascón, S. Barral, X. Carreira, X. Gago, S. Garrido, S. González, G. Lemos, C. López, R. Martínez y Á. Paniagua

Conflictos laborales que paga el vecino

M. B. / X. V. G.

El de la basura en A Coruña, o el de la zona azul en Vigo, los casos más recientes

Los conflictos laborales en empresas que gestionan servicios municipales son una constante en buena parte del territorio gallego. Guerras que termina pagando el ciudadano. En A Coruña, esta misma semana, quedaron contenedores sin recoger en el centro de la ciudad. Son los coletazos del conflicto que a finales de enero dejó toneladas de basura en las calles durante cerca de diez días. Una guerra cuyo origen es el mal estado de los camiones y las barredoras que emplea la empresa de la recogida, que lleva dos años sin contrato. La anterior concesión, que supera los 10 millones de euros anuales, terminó en enero del 2017. Desde entonces, el servicio está en precario y se paga mediante facturas que deben ser legalizadas por el alcalde o el pleno. Tras varios accidentes graves con la maquinaria, entre ellos uno que costó la vida a un trabajador en septiembre, que todavía está siendo investigado, los trabajadores se niegan a utilizar los vehículos que no cumplen las medidas de seguridad o que sufren averías. Eso provocó la citada interrupción casi total del servicio en enero, y los problemas posteriores.

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