Una patronal dividida votará este jueves la reforma de estatutos

El principal objetivo del cambio es reforzar la figura del futuro presidente y dotarle de un mayor margen de maniobra


Santiago de Compostela

El comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) dio ayer luz verde a convocar este mismo jueves día 21 una asamblea extraordinaria con un único punto en su orden del día: la votación de la reforma de los estatutos de la patronal.

Un cambio con el que se pretende, en primer lugar, dotar de un mayor margen de maniobra al futuro presidente. Además de limitar a dos los mandatos, los nuevos estatutos abren la puerta a que el presidente pueda rodearse de su equipo, de forma que dependa menos los vicepresidentes, y no sea un rehén de las luchas territoriales. En solo cinco años y medio, por la presidencia de la CEG han pasado ya tres personas (José Manuel Fernández Alvariño, Antonio Dieter Moure y Antón Arias). Desde enero del pasado año, la patronal se encuentra descabezada, en manos de la junta, en lo que constituye un caso inédito en el panorama español de confederaciones empresariales.

Sin embargo, la reforma de estatutos que iba precisamente encaminada a resolver este asunto, se encuentra ahora encallada por la división interna surgida a raíz de otro de los cambios previstos: dotar de una mayor representatividad a las sectoriales.

Las discrepancias entre las confederaciones provinciales y las organizaciones que representan a las empresas (comercio, metal, parques empresariales...) sobre el número de miembros en la junta suponen una seria amenaza para que la reforma salga adelante en la votación de este jueves. Las sectoriales demandan seis miembros en ese órgano, los mismos que tiene, por ejemplo, la confederación provincial coruñesa que, con 30.000 empresas, es la que posee más afiliados. Con esos puestos, tendrían más peso que las provincias de Ourense, Lugo y Pontevedra. Las territoriales consideran excesiva esa pretensión porque en las sectoriales hay organizaciones, como la que agrupa a las firmas de distribución alimentaria, que no son precisamente empresas.

Las demandas de las sectoriales en cuanto a su representatividad cuentan con el apoyo de las confederaciones de Pontevedra y Ourense, mientras que A Coruña y Lugo se muestran reacias. De hecho, ambas provincias ya se abstuvieron en la reunión de la junta en la que se consensuó el texto de la reforma. Para salir adelante este jueves necesita el voto favorable del 75 % de los presentes o representados.

El caso es que una nueva guerra interna no solo divide a la patronal gallega, en una situación de constante inestabilidad hace más de dos años, sino que amenaza con echar por tierra una reforma indispensable para enderezar el rumbo.

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