El ERE de Ferroatlántica afectará a casi 400 operarios gallegos

Únicamente se salvan la treintena de trabajadores de las centrales eléctricas de la Costa da Morte


La Voz

El expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que la empresa Ferroatlántica quiere aplicar durante dos años a causa del alto coste de la energía, sobre todo después de la última subasta de incentivos, afectaría casi al 100 % de los trabajadores de las fábricas gallegas: a 386 operarios.

Estos son los datos más significativo que han extraído hasta el momento los representantes sindicales de la numerosa documentación que les entregó la compañía del grupo Villar Mir, integrada en la multinacional Ferroglobe, en la primera reunión del período de consultas celebrada el lunes en Madrid.

Quedarían excluidos de la regulación de empleo la treintena de trabajadores de las centrales hidroeléctricas del Xallas y el Grande, en la Costa da Morte, y está por determinar tanto los meses que le afectaría el expediente a cada trabajador en concreto, como las compensaciones salariales, si las hay.

Son, por tanto, unos 264 los afectados en el complejo de Cee y Dumbría (con dos fábricas) y 122 en la de Sabón (Arteixo).

En principio, si van al paro sin más, la gran mayoría sufriría un perjuicio económico evidente, como explica el portavoz del comité de Cee-Dumbría y las centrales y representante de la CIG, Alfonso Mouzo, ya que, al margen de consumir meses de esta prestación, el máximo que cobraría un trabajador con dos o más hijos a su cargo son 1.411 euros al mes, que se quedan en 1.098, para los empleados sin hijos.

En cualquier caso, la plantilla ya mostró su rechazo de entrada al expediente, porque considera que no concurren causas objetivas para aplicarlo, y también tratará de que se cambie la forma de negociación. La empresa, con el apoyo de los sindicatos estatales UGT, CC. OO. y USO acordó que la representación sea por centrales sindicales. Sin embargo, en la Costa da Morte, y particularmente la CIG, entienden que esto no es legal, ya que en noviembre fueron informados de que la compañía segregaba las plantas. Consideran entonces que cada una funciona como una empresa en sí misma y la negociación debería realizarse por centro de trabajo, lo que cambiaría las mayorías en esa representación sindical.

El martes, en la reunión con Industria, el conselleiro, Francisco Conde -aparte de reclamar al Gobierno central que actúe, porque en cuatro meses no han visto avances en la elaboración del estatuto del consumidor electrointensivo, que es la carta para actuar sobre el precio de la electricidad- se comprometió a llevar el caso al Consello Galego de Relacións Laborais para ver si tiene cabida la reclamación de los trabajadores, que están buscando fórmulas válidas antes de ir a los tribunales. También le aseguró a los representantes de los comités que va a estar vigilante sobre el cumplimiento de las condiciones de la concesión de las centrales hidroeléctricas. Un asunto que ya desató un enconado conflicto en el 2017, que se cerró con el veto de la Xunta a la intención de la empresa de vender las instalaciones.

Las más de siete horas de reunión del lunes en Madrid, que tendrá su continuidad con nuevos encuentros los días 18 y 22, sirvió, básicamente, para evidenciar ese desencuentro sobre cómo se reparte la representatividad de la parte social.

Dentro de ese tira y afloja, la principal baza con la que cuentan los trabajadores, y por eso le piden a la Xunta que la haga valer, es que la condición para mantener la concesión de las centrales es que las fábricas de ferroaleaciones sean viables. No se establece un número de empleos a mantener, pero sí esa viabilidad, y los trabajadores entienden que difícilmente se puede garantizar con dos hornos parados en Cee, otro en Sabón y un ERE sobre la mesa.

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