Recupera 22.000 euros de intereses de dos «revolving» en una sola semana

gladys vázquez REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

XOAN CARLOS GIL

Los jueces consideran que los créditos firmados por una viguesa no son transparentes

09 feb 2019 . Actualizado a las 13:19 h.

Todo empezó a torcerse en el año 2003. Hace casi 16 años que una vecina de Vigo contrataba su primera tarjeta revolving. El negocio de su familia no pasaba por un buen momento y la solución parecía sencilla. Lo que no imaginaba es que arrancaba un largo camino de deudas que ha terminado en los tribunales. Y es que después de que esta gallega formalizase su primera revolving con una conocida entidad, las cosas no mejoraron. Llegó la crisis y sus problemas económicos se multiplicaron, así que decidió formalizar otros dos préstamos. La Justicia le ha dado la razón y en menos de una semana ha recuperado más de 20.000 euros en intereses cobrados de más.

«Muchos de los casos de revolving que nos encontramos estallan ahora porque son de la época de la crisis. La gente fue pagando, pero después se percataron de que la deuda no bajaba. Más bien aumentaba». Lo dice el abogado de la demandante, David Alfaya. En su despacho de Vigo, habían abierto a finales de enero el expediente 58. Casi dos casos de estas características al día.

«La gente se pregunta por qué estos afectados tienen tantas tarjetas contratadas. Entran en tal espiral que acaban pidiendo otro crédito para pagar el anterior».

En Galicia, los atrapados por las revolving se cuentan por cientos. Es la fórmula de financiación rápida por excelencia. El cliente tiene en su cuenta el dinero en solo unas horas. Liquidez de la que se puede ir disponiendo y devolviendo con pequeñas cuotas mensuales. ¿Dónde reside el problema? Principalmente, en que los intereses son desproporcionados, pudiendo llegar incluso al 30 %. Cada mes se abona la cantidad establecida o un porcentaje del dinero utilizado. Como el pago mensual no suele cubrir el principal -y se suele seguir disponiendo de más dinero- los intereses se disparan.

Los tribunales le han dado la razón a esta afectada viguesa con dos sentencias en solo siete días. La primera, del pasado 8 de enero, condena a una entidad a devolverle 1.740 euros porque el contrato «no supera el control de transparencia». De esta forma se determina la nulidad del documento. Este préstamo, formalizado en el 2011, fue de 600 euros al principio y en tres años alcanzó los 2.200. La magistrada expresa en la sentencia que la afectada «no fue consciente en el momento de la contratación» de lo que suponían las condiciones. En noviembre del 2016 ya había pagado más de 4.600 euros. Es decir, más del doble. El problema es que aún debía casi 1.200 más.

«La antítesis de la claridad»

La jueza señala también en la sentencia que los intereses estaban establecidos en el contrato entre el 10,95 y el 24,5 %, pero que en ningún caso bajaron del 22,08 % anual. Apunta también que las cláusulas y condiciones están insertas en un conjunto de «condiciones económicas prácticamente ilegible». Y añade: «Es la antítesis de la claridad y la comprensión lectora».

Por 21.000 euros gastados había devuelto más de 41.000 y aún debía casi 9.000 La segunda sentencia llegaba siete días después. En este caso, otra conocida entidad le devuelve a esta viguesa más de 20.100 euros. También se aprecia falta de transparencia en el contrato. Todo empezaba con un crédito firmado en el 2003. Dieciséis años en los que dispuso de 21.000 euros y por los que ya había pagado 41.200. El conflicto no solo estaba en lo desproporcionado de la operación, sino en que la financiera aún le reclamaba otros casi 9.000 euros. Según expresa el juez, las cláusulas eran muy difíciles de leer «visto el tamaño de la letra y su farragosa redacción». Apunta además que la firma de la contratante aparece en un casillero bajo el cual hay una leyenda «todavía más ilegible». Una firma en la que declararía haber estado conforme con las condiciones.

A pesar de estas victorias, esta viguesa aún tiene otra cita judicial pendiente: una tercera revolving que tiene recurrida en la Audiencia Provincial. Pide la devolución de otros 10.000 euros.

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