La Hacienda lusa tendrá acceso a los saldos de las cuentas para luchar contra el fraude fiscal
07 feb 2019 . Actualizado a las 20:26 h.A partir del próximo 31 de julio, los bancos portugueses estarán obligados a facilitar a la Hacienda lusa los datos de los clientes que tengan en cuenta más de 50.000 euros. El presidente de la República, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, acaba de promulgar la ley del Ejecutivo socialista de Antonio Costa, con los votos del Partido Comunista y del Bloco de Esquerda. La alianza de izquierda quiere aplicar la ley lo antes posible para luchar contra el fraude y la evasión fiscal, que han situado durante los últimos años a Portugal a la cabeza de la economía sumergida en Europa.
Con el fin del secreto bancario, Antonio Costa quiere controlar no solo a los residentes en territorio luso, entre los que cada vez hay más extranjeros atraídos por sus ventajas fiscales, sino también a los no residentes, a los que las normas europeas evitaban hasta ahora quedar expuestos a los mecanismos de control de los residentes.
Cada 31 de julio los bancos que operan en el país tendrán que enviar a Hacienda una lista con los clientes que, al finalizar el año anterior, tenían más de 50.000 euros en su entidad, aunque se divida o reparta entre diferentes productos y cuentas. La nueva ley multará a las entidades que no faciliten dicha información, o la presenten fuera de plazo, con 22.500 euros por titular omitido.
Según el Ministerio de Finanzas portugués, dirigido por el presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, solo dispondrán de la información sobre el saldo total de la cuenta, no de los respectivos movimientos, aunque si la Hacienda lusa descubre algún tipo de irregularidad, comparando el saldo con el de años anteriores, se investigará y levantará totalmente el secreto bancario, para poder disponer de toda la información del titular de la cuenta.
La ley ha sido muy criticada por los partidos de centro-derecha lusos, que consideran que atenta contra el derecho a la privacidad. Marcelo Rebelo de Sousa la vetó inicialmente, tras aprobarse en el Parlamento en septiembre del 2016 con los votos de los tres partidos de la alianza de izquierda.
Los motivos alegados por el jefe del Estado portugués hace tres años eran que «el fin del secreto bancario podría comprometer la recuperación del entonces frágil sistema financiero luso», que había salido del rescate el año anterior, «y crear desconfianza entre inversores extranjeros».
Chivarse de los morosos
Además de dar luz verde al fin del secreto bancario en el país vecino, el presidente portugués también ha promulgado otra ley que obliga a los bancos que se beneficiaron de ayudas públicas desde el 2007, a informar puntualmente al Parlamento sobre los deudores que tengan una deuda superior al 1 % de los fondos públicos recibidos por la entidad, o a cinco millones de euros.