Galicia, una gran fábrica de falsos autónomos

Inspección destapó 1.700 trabajadores gallegos por cuenta propia atados a una única empresa en el 2018. Quedan 10.000 más por regularizar, bajo amenaza de multa o prisión.


Vigo / La Voz

Miguel es repartidor de Glovo, la aplicación de mensajería que lleva más de un año operando en Galicia. En teoría nada le ata a la empresa, porque está dado de alta en el régimen de trabajadores autónomos y paga su cuota de 50 euros (le quedan 6 meses de tarifa plana) a la Seguridad Social.

«El otro día me mandaron a un supermercado a hacer una lista de la compra. Había garrafas de agua, aceite... Era imposible cargar con todo. Cancelé la entrega y me penalizaron», relata. «No soy un trabajador autónomo, estoy atado 364 horas al mes, 13 horas al día. Yo no tengo clientes propios, trabajo para los clientes de la empresa de reparto». Su caso y el de otros compañeros está denunciado ante Inspección de Trabajo por prácticas abusivas.

Para una empresa, trabajar con falsos autónomos es la manera más barata de incrementar la plantilla sin tener que pagar cargas sociales. No es un invento de ahora. Viene de muy atrás. Pero la proliferación de aplicaciones de Internet, como Uber, Delivery o Glovo, que ponen en contacto a clientes y prestadores de servicios, ha reavivado el problema, arraigado en sectores como el transporte o la actividad comercial, tras el cual se estaría ocultando un fraude al que no es fácil ponerle cifras.

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) dice que, solo en cotizaciones, los empresarios españoles que utilizan esta fórmula de empleo se ahorran 562 millones de euros al año; esto es, que cada falso autónomo le cuesta a la Seguridad Social casi 2.700 euros, al no pagar las cuotas que le habrían correspondido.

çSi atendemos a lo que dicen algunos abogados y asesores, el fraude se dispara hasta los 776 millones anuales, mientras que, por el contrario, con los cálculos de ATA baja a casi 268 millones, una suma, en cualquier caso, considerable.

Según cálculos de las organizaciones de trabajadores por cuenta propia, en Galicia se eleva a más de 10.000 el número de autoempleados que facturan para una única empresa, de la que dependen el 100 por 100 de sus ingresos. Esas mismas fuentes elevan a más de 250.000 las personas que desarrollan su actividad profesional en España bajo la figura del falso autónomo. 

Casos destapados

Coincidiendo con la aprobación, por parte del Gobierno central, del Plan Director por un Trabajo Digno, Inspección de Trabajo destapó más de 1.700 casos de falsos autónomos el año pasado en Galicia.

Grandes y pequeñas compañías, algunas a instancias de Empleo, algunas expedientadas ya y otras por iniciativa propia, empiezan a regularizar esta situación. Es lo que ha hecho también el grupo gallego Coren, con su decisión, efectiva el pasado verano, de integrar en la plantilla a un total de 1.100 trabajadores autónomos.

Desde enero, las sanciones que prevé la ley de infracciones cuando Inspección detecta que uno o más trabajadores no están dados de alta -se considera que, aunque estén afiliados al RETA, no trabajan como autónomos- se han incrementado hasta el punto de que ya prevén penas de cárcel. Hay distintos niveles de fraude y, según la Seguridad Social, las sanciones oscilan entre los 3.000 y 10.000 euros.

Algunas organizaciones advierten del riesgo que suponen algunas políticas como la tarifa plana (de 60 euros desde el 1 de enero) para incrementar el problema. «La tarifa plana ha fomentado el fraude en la contratación a través de la figura denominada falso autónomo», afirma Eduardo Abad, secretario general de UPTA.

Sostiene que no se pueden incorporar autónomos al mercado de trabajo que no respondan a la naturaleza propia del desarrollo de una actividad perfectamente identificable. «No queremos que el prototipo de crecimiento en nuestro colectivo responda a un joven con una mochila pedaleando por nuestras ciudades», ha asegurado.

Cada falso autónomo le cuesta a la Seguridad Social alrededor de 2.700 euros.

«Dependíamos al cien por cien. La empresa pagaba la Seguridad Social, el ‘renting’ y el gasoil» 

m. s. d.

Bimbo echó un pulso a sus repartidores el año pasado para igualar sus condiciones laborales a los de Panrico, la marca recién integrada en el grupo. Al menos 800 trabajadores económicamente dependientes (Trade) se negaron a firmar el nuevo Acuerdo de Interés Profesional (AIP) propuesto por la empresa, una especie de convenio diseñado para estos empleados, que serviría para renovar sus condiciones.

Este documento recogía una rebaja salarial, aumentaba las horas de trabajo en relación a lo establecido hasta esa fecha. Muchos de los profesionales que no avalaron ese convenio se quedaron fuera, y tras denunciar su situación ante Inspección de Trabajo y no obtener respuesta, han acabado demandando y están a la espera de una resolución judicial. Es la situación en la que están Anxo Taboada y Jörg Stehr. «En realidad nunca hemos sido Trade, sino falsos autónomos, ya que dependíamos al cien por cien de la empresa» asegura Anxo.

«Éramos vendedores, porque se nos pagaba por objetivos de venta, pero entramos como transportistas. La empresa pagaba la Seguridad Social, los gastos de gestoría, el renting del vehículo y el gasoil», explica.

Los trabajadores relatan que, sin haberse adherido a las nuevas condiciones contractuales, la empresa decidió aplicárselas unilateralmente. «Al no aceptar, me mandaron para una dependencia de la empresa, con un horario, y sin hacer nada, y me dijeron que esa era mi función si quería cobrar, cuando yo era comercial», cuenta Anxo Taboada.

Los trabajadores denunciaron ante Inspección su situación de falsos autónomos, algo que justifican con ejemplos bastante claros. «Cuando tocaba reconocimiento médico, la empresa mandaba a un trabajador de los contratados para sustituirnos, lo cual demuestra que hacíamos el mismo trabajo que un empleado de la compañía», sostienen.

Lamentan que la situación haya derivado en demanda. «Inspección nos dijo que no tenía competencias sobre los autónomos, pero nosotros somos falsos autónomos», aseguran.

«Nunca quisimos denunciar a la empresa, pretendíamos que se sentaran a negociar con nosotros», aseguran. Pero Bimbo no dio el brazo a torcer y ahora el conflicto lo resolverán los tribunales. Mientras, ambos trabajadores están en el paro, y percibiendo la prestación por cese de actividad a la que tiene derecho solo durante un año.

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