Multas de hasta 400.000 euros por intentar eludir la «tasa Google»

Hacienda endurece el régimen sancionador para evitar que las empresas recurran a tretas como la ocultación de la dirección IP para esquivar el nuevo impuesto


Madrid / Colpisa

La tasa Google puede ser eludida fácilmente por las empresas digitales ocultando la dirección IP -un protocolo de Internet con el que se localizan geográficamente los dispositivos- desde donde realizan sus actividades, ya que muchas de ellas ni siquiera tienen sede física en España. Por eso, Hacienda preveía multas específicas para prevenir estas trampas desde que presentó su anteproyecto de ley del impuesto a determinados servicios digitales. Un régimen sancionador que se ha endurecido en el texto final remitido por el Ejecutivo al Parlamento.

Así, el anteproyecto fijaba las multas en un 0,5 % de la cifra de negocio si hay actividad económica o en un máximo de 15.000 euros si no la hay, al ir sumando 150 euros por cada acceso en el que se haya falseado la localización. Concretamente, señalaba que se castigaría la «acción u omisión que implique el falseamiento u ocultación de la dirección de protocolo de Internet (IP), otros instrumentos de geolocalización o pruebas del lugar de realización de las prestaciones de servicios digitales». Sin embargo, en el texto final se elimina la referencia explícita a la dirección IP y se sustituye por un supuesto más amplio de infracción, al ser considerado grave incumplir con el establecimiento de los «sistemas, mecanismos o acuerdos que permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de aplicación del impuesto».

De esta forma, Hacienda endurece la sanción y se queda con la más dura, la del 0,5 % de la cifra neta de negocio del año natural anterior a la penalización, con un mínimo de 15.000 euros y un tope de 400.000 por cada ejercicio en el que se haya vulnerado la norma.

Las claves del nuevo tributo

Al margen del régimen sancionador, son muchas las dudas que se ciernen sobre el nuevo impuesto. Las mayores, sobre su potencial recaudatorio, ya que el Gobierno ha previsto unos ingresos de 1.200 millones de euros, el doble de lo estimado inicialmente por el equipo del exministro Montoro, lo que justifican por el «fuerte crecimiento» de la publicidad on-line y el tráfico de datos.

Quienes dudan del potencial de ingresos de la nueva tasa recuerdan además que, aunque la tramitación parlamentaria vaya sobre ruedas, su entrada en vigor se demorará, como mínimo, hasta mayo, lo que reducirá de forma sensible la recaudación en este ejercicio. Y es que una vez que se supere la votación en el Congreso, el nuevo tributo no se empezaría a aplicar hasta pasados tres meses «por seguridad jurídica», explican desde Hacienda. Una demora que, de acuerdo a los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, rebajaría la recaudación a una horquilla de entre 546 y 968 millones.

Pero, ¿quién pagará este impuesto? Aunque la normativa establece genéricamente que se gravarán con un tipo del 3 % los servicios de publicidad on-line y venta de datos en empresas que facturen más de tres millones en España y 750 en el mundo, el texto también deja fuera, sin citarlas, a muchas empresas que, viniendo del comercio tradicional, han dado el salto en los últimos años a la venta por Internet, como El Corte Inglés, Inditex o Mercadona. Tampoco pagarán este impuesto otras digitales como Wallapop, porque Hacienda considera que no hay que gravar a las empresas «dedicadas a las entregas de bienes o prestaciones de servicios que tengan lugar entre usuarios en el marco de un servicio de intermediación on-line» porque la interfaz digital «se utiliza solamente como medio de comunicación».

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