El Gobierno estudia bajar el IVA en la factura de la luz para los consumidores más vulnerables

El impuesto pasaría del 21 al tipo reducido del 10 %, según avanzó la ministra Ribera


La Voz

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció en el Senado que, junto al de Hacienda, está estudiando la «posibilidad de contar con un IVA reducido para según qué consumidores» en la factura de la luz. El recibo está gravado en la actualidad con un impuesto del 21%, que pasaría, según los planes del Gobierno, al 10 %. En principio, esta rebaja fiscal afectaría fundamentalmente a las familias vulnerables con menos recursos económicos, que de ese modo se beneficiarían de una rebaja sustancial.

Bajar el IVA es una de las demandas históricas de asociaciones de consumidores, sindicatos y algunos partidos políticos, aunque hasta el momento nadie la había puesto en marcha. Aún está por ver que se haga, pues Transición Ecológica debe vencer las reticencias de Hacienda, pues esa medida redundaría en un recorte de la recaudación presupuestaria.

La reforma fiscal del sistema eléctrico es una de las medidas estructurales en las que está trabajando el Gobierno para reducir el impacto del incremento de la luz en las familias más vulnerables. Formará parte de una ambiciosa estrategia de lucha contra la pobreza energética, que Teresa Ribera espera poder presentar en el Consejo de Ministros para el mes de abril. 

Hasta el momento, el Ministerio para la Transición Ecológica ha adoptado medidas coyunturales bien para intentar contener las subidas de precios en el mercado eléctrico, bien para reforzar la protección de los consumidores con menos recursos económicos. Entre las primeras, acordó en octubre suspender temporalmente la aplicación de dos impuestos que gravan la producción de electricidad; entre las segundas, la ampliación de plazos para solicitar el bono social.

Ribera reconoció que la suspensión de tasas eléctricas -que durará seis meses, esto es, hasta abril- había tenido un «impacto relativamente limitado» en la factura doméstica, tanto como un 4 % de rebaja. «No es algo que pueda ser percibido como una solución definitiva», admitió. 

Sobre el bono social, la ministra avanzó que están registrados 1.115.000 contratos. Estos clientes disfrutan de descuentos en la factura eléctrica de entre el 25 y el 40 % en función de la renta.

Precio para las industrias

Con la crisis de Alcoa aún reciente, Ribera también explicó en la Cámara alta que el Gobierno está trabajando para que las industrias que son grandes consumidoras de energía, como la multinacional del aluminio, que calificó como «estratégicas», disfruten de un régimen especial que incluya precios energéticos que les permitan competir con el resto de países europeos.

La ministra defendió que la regulación para este sector debería ser asunto comunitario, para que las industrias de todos los países recibiesen un «trato igualitario», ya que, añadió, es difícil entender que «unos países compitan con otros en función de la capacidad de apoyo que tengan unos Gobiernos frente a otros».

Como Europa no actúa, lo hace el Gobierno, que para hacer frente a la crisis de Alcoa prometió elaborar un estatuto especial para la industria electrointensiva, que «recogerá soluciones, pero también obligaciones». Como, citó, inversiones en medidas de eficiencia energética y también la obligación de mantener empleo y actividad durante los tres años posteriores a la concesión de ayudas. Porque «esa estabilidad de precios eléctricos que exige la industria para planificar sus inversiones debe aclarar antes a qué tipo de empresas beneficiará y a cambio de qué».

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