Las 17 fábricas españolas de coches denuncian en Europa el veto al diésel

Piden a la Comisión que actúe contra Baleares para evitar la prohibición en otras ciudades


redacción / la voz

Siete de cada diez coches que se fabrican en España tienen un motor diésel (ocho, en el caso de la factoría de PSA en Vigo). La industria del automóvil lleva meses alertando al Gobierno de que las restricciones al uso del vehículo de gasoil en marcha ya en algunas ciudades españolas es una mala política, porque pone en riesgo ventas, producción y empleo.

Falta mucho aún para el 2040, año en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha fijado el fin de los diésel y también de los gasolina (ningún coche que emita CO2 podrá estar a la venta después del 31 de diciembre del 2039). Pero comunidades y ayuntamientos ya tiene en marcha leyes o normativas restrictivas contra las que Anfac, la patronal que representa a las 17 fábricas de coches instaladas en España (todas ellas, filiales de multinacionales extranjeras), ha decidido dar un paso adelante y pasar de las advertencias a los hechos.

La agrupación industrial quiere impedir la entrada en vigor de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno balear, que veta la circulación de coches diésel en las islas ya a partir del 2025.

Nuevas prohibiciones

La normativa balear no solo se ha convertido en una de las más ambiciosas en la Unión Europea, sino que una versión muy similar está ya sobre la mesa de otras comunidades, como la madrileña. Eso sin olvidar que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona ya están aplicando medidas de restricción a estos vehículos (de momento en los centros urbanos) para reducir la contaminación.

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Es el temor a que los plazos para el fin del diésel se acorten y se generalicen en el resto del país lo que ha llevado a Anfac a emprender una ofensiva jurídica contra esta norma balear que, cuando entre en vigor, no permitirá que ningún ciudadano europeo acceda con su vehículo de combustión a las islas, mientras que sí podrán seguir circulando por el resto de la UE, según destacan los fabricantes.

Su denuncia, formulada ante la Comisión Europea, solicita al Gobierno comunitario la apertura de un procedimiento por infracción del derecho de la UE y la aplicación de medidas cautelares para suspender la prohibición. Además, Anfac también ha presentado una denuncia ante el Consejo de Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía, para que impida la entrada en vigor de la ley autonómica, al considerar que supone una ruptura con la regulación estatal.

Los concesionarios apoyan

Los fabricantes de coches defienden en su denuncia que el veto o la prohibición al diésel son medidas «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas; están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico y suponen un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea».

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«Las prohibiciones taxativas dañan al mercado y la competitividad de las empresas e industrias que operan en España», manifestó ayer Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de Anfac para argumentar esta ofensiva judicial inédita de las multinacionales españolas del automóvil.

Anfac cuenta con apoyos. La Federación de Asociaciones de Concesionarios (Faconauto) se ha sumado a la causa y ha mostrado su preocupación por el peligro que, de aprobarse, supondría esta norma para el sector de la distribución y reparación de vehículos, no solo en Baleares.

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De momento, la ofensiva contra el diésel empieza a tener su reflejo en las ventas. En enero del 2018, el 41,8 % de los coches matriculados en España funcionaban a gasoil. Al cierre del ejercicio, el porcentaje acumulado ha caído hasta el 35,8 %, según el reciente informe del Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto).

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