La inversión del fondo solidario en Galicia es la menor de la historia

Las cuentas dedican a la comunidad poco más de 42 millones de euros


redacción / la voz

Los Presupuestos «más sociales de la democracia», en palabras de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, han topado con un rechazo generalizado. No solo de la oposición, sino de los propios socios de Gobierno, que protestan por un reparto territorial de la inversión poco equitativo. El Gobierno plantea reducir la inversión en Galicia un 19,2 %, lo que la convierte en la comunidad más perjudicada, por detrás de La Rioja. Contra el discurso del Ejecutivo de que presenta unas cuentas que traen «justicia social a todo el país», el proyecto falla en los fondos destinados a corregir los desequilibrios económicos entre las autonomías.

Los fondos de compensación interterritorial prevén la partida más baja de la serie histórica para Galicia, con poco más de 42 millones de euros, rebajando la cuantía respecto al año anterior en un 1,1 %. La Constitución recogió la creación de esta partida para todas las comunidades autónomas, hasta que en 1990 pasó a beneficiar a las regiones más desfavorecidas. La inversión prevista para este 2019 toca fondo en Galicia, que encadena ya tres años de recortes.

El comienzo de este deterioro en el reparto solidario entre autonomías comenzó en el 2008, justo al inicio de la crisis económica. A partir de ese punto de inflexión, Galicia se convirtió en la región que más fondos perdió, tras ver su parte reducida en poco menos del 80 %. Ese año, el presupuesto para la comunidad había superado los 200 millones de euros, el mayor importe desde que empezó a aplicarse el fondo. Los recortes también afectaron al resto de las autonomías, aunque en menor medida. Castilla y León, Extremadura y Asturias perdieron más de siete de cada diez euros en la última década, mientras que la Comunidad Valenciana, Cantabria y Canarias se quedaron sin la mitad de los fondos consignados.

El Gobierno plantea invertir en estas diez comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, unos 582,43 millones de euros en fondos de compensación territorial. Galicia percibirá en torno al 7 % de una partida que beneficiará, sobre todo, a Andalucía. La región obtendrá cerca de un 28 % del total. Por delante de Galicia estarán también la Comunidad Valenciana y Canarias, que goza de un régimen especial por tratarse de un territorio «ultraperiférico».

Las cuentas para este 2019 volverán a dejar en un plano secundario esta política, que tiene como principal objetivo corregir desequilibrios económicos entre territorios y hacer efectivo el principio de solidaridad. Desde los últimos 29 años, se benefician del fondo las comunidades autónomas con una renta por habitante inferior a la media. 

Los proyectos en Galicia

Estas partidas se dividen en dos políticas desde el 2001: de Compensación y Complementarios. El primero es el de mayor importe, destinado a financiar gastos de inversión que promuevan la creación de renta y riqueza en ese territorio. Las infraestructuras se llevan la mayor porción de este apartado, con cerca de 23,4 millones de euros.

En este apartado se desgranan diversos proyectos para la comunidad, como la conexión de la nacional VI y la AP-9 en la vía ártabra o la mejora de la movilidad en O Morrazo. Sanidad se lleva más de 8 millones, con fondos para el Hospital Arquitecto Marcide, en Ferrol, reformas en el Hospital de Barbanza y el plan director de Ourense.

El Fondo Complementario, que permite destinar las partidas a la puesta en marcha de inversiones recogidas por el de Compensación, añade otros 10,5 millones de euros a infraestructuras, repartidos entre la red de carreteras, autopistas y autovías.

La AIReF ve unos Presupuestos parecidos a los de Rajoy en lo fiscal

El guardián de las cuentas pide que los ayuntamientos puedan financiar la dependencia

e. m.

Los Presupuestos presentados el lunes en el Congreso proponen una política fiscal «redistributiva de la riqueza», según explicó la ministra de Hacienda, con un aumento del gasto para políticas sociales que no se producía desde el 2010 a través de una subida de los ingresos que, sobre el papel, marcará el ritmo de la economía, por un lado, y del incremento de impuestos a las rentas altas y las grandes empresas, por otro.

En contra de los detractores de estas medidas de aumento de gasto a base de subida de impuestos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que se trata de una política fiscal «neutra», bastante «similar» a la de las cuentas de los últimos años. «La política presupuestaria desde el proceso de ajuste del 2015 ha sido neutral, es muy parecida a los Presupuestos de años anteriores de forma agregada, aunque ahora haya políticas redistributivas», aseguró este martes el presidente del organismo, José Luis Escrivá.

Uno de los aspectos a los que, según Escrivá, los diferentes Gobiernos deberían prestar más atención es la reducción de la deuda pública, ya que, a pesar de haberse rebajado en los últimos años, el déficit estructural cercano al 2 % hace necesaria una «consolidación adicional» para llevar la deuda a niveles «más cómodos», que evite «sustos» en la sostenibilidad del sistema.

Así, explicó que, aunque España tiene un nivel de deuda similar al de otros países como Francia o Bélgica y unas perspectivas de crecimiento superiores a las suyas, el coste de nuestra deuda y prima de riesgo asociada es «un punto superior». «Los acreedores valorarían mucho más un plan de choque contra la deuda que medidas espasmódicas a corto plazo», argumentó el presidente de la AIReF. Y es que, según Escrivá, España se pone metas «inalcanzables» que no consigue cumplir, y eso merma la confianza de los mercados.

En relación con la regla de gasto, el representante de la AIReF aseguró que sería «conveniente» cambiar el nivel competencial de los ayuntamientos, que realizan una función «extraordinariamente importante» en políticas sociales y podrían llegar más allá si se les permitiera adquirir funciones de las comunidades autónomas, como los gastos de dependencia.

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