El ingreso récord por cotizaciones no cubre el aumento del gasto en pensiones

Gabriel Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso Juan Medina / REUTERS

La partida para prestaciones por desempleo crece en 700 millones pese a que baja el paro

31 mar 2019 . Actualizado a las 20:15 h.

En un presupuesto diseñado para funcionar como un programa electoral si la aritmética parlamentaria hace imposible su aprobación y aboca a las urnas, el Gobierno ha puesto el acento en el incremento del gasto social, que se refuerza con una inyección adicional de 12.600 millones de euros respecto a las últimas cuentas elaboradas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

De esa subida, el grueso (siete de cada diez euros) se la comerá la partida destinada al pago de las pensiones, que se dispara al vincular de nuevo la actualización de las prestaciones a la inflación. El aumento generalizado del 1,6 % (que será del 3 % en las mínimas) incrementa la nómina total en más de 9.000 millones de euros, hasta un total de 153.864 (un 42 % del gasto no financiero del Estado).

Esa mejora del poder adquisitivo de los 8,8 millones de pensionistas no se sostendrá solo con las aportaciones que realizan los trabajadores en activo a través de las cotizaciones sociales. Y eso que el Gobierno es optimista con respecto a la evolución de estos ingresos, que espera que aumenten en casi 8.700 millones (un 7,5 %, hasta superar por primera vez la barrera de los 120.000 millones) por la subida del salario mínimo, de la base máxima de cotización y otras medidas como la penalización a los contratos de muy corta duración.

Por eso, para equilibrar el presupuesto de la Seguridad Social el Ejecutivo realizará este año otro préstamo al organismo, por importe de 15.164 millones (la misma cifra que aportó el año pasado). Pero, además, por primera vez hará una transferencia directa, de 850 millones, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, para lo que será necesario también seguir echando mano del fondo de reserva del que, según el proyecto presupuestario, se retirarán este año 3.700 millones, lo que lo dejaría en los huesos.

Con todas estas medidas, Hacienda prevé reducir ligeramente el déficit de la Seguridad Social, que cerró el año pasado con un desfase entre ingresos y gastos de casi 19.000 millones puesto que, reprocharon las actuales responsables del ministerio, no se financió adecuadamente la subida pactada entre PP, Ciudadanos y el PNV.

Aunque suponen el grueso del gasto, los Presupuestos incluyen más medidas fuera de las pensiones. Estas son alguna de las principales:  

Desempleo

Más dinero para prestaciones. Pese a que el Gobierno prevé que el desempleo siga reduciéndose este año (hasta cerrar el ejercicio con una tasa del 14 %), el gasto en prestaciones se incrementa en un 4 %, hasta los 18.400 millones de euros. La explicación oficial es que las prestaciones contributivas serán más altas, por el incremento del salario mínimo, y que se aumentará la cobertura por la eliminación de ciertas barreras para cobrar subsidios.  

Paternidad

La ampliación del permiso en tres semanas costará 300 millones. Para avanzar en la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, los Presupuestos recogen la ampliación de estos últimos de cinco a ocho semanas, una medida que costará 300 millones de euros, elevando la cuantía total de la partida hasta los 825 millones.  

Dependencia

El Estado volverá a cotizar por los cuidadores no profesionales, unos 180.000. Dentro del fuerte aumento de la partida para Dependencia, cuyo presupuesto crece casi un 60 %, recupera la cotización de los cuidadores no profesionales (unas 180.000 personas, la mayoría mujeres), que asumirá el Estado, con un impacto económico de 315 millones.  

Pobreza infantil

Las familias con menos ingresos verán duplicada la ayuda por hijo. Las familias en situación de pobreza severa (con ingresos inferiores al 25 % de la renta considerada umbral de pobreza, unos 18.000 euros anuales), verán incrementada la ayuda por hijo a cargo hasta los 588 euros al año (el doble de los 291 actuales), mientras que las que se sitúen entre el 25 y el 50 % de esa renta recibirán 341. Con esta mejora, el Gobierno prevé sacar de la pobreza a 82.000 menores.  

Energía

80 millones para el bono térmico. Los presupuestos ponen cifras a una de las medidas aprobadas por el Gobierno para luchar contra la pobreza energética. El bono social térmico tendrá una dotación de 80 millones de euros para subvencionar los gastos de calefacción y agua caliente a más de un millón de personas (los beneficiarios son los mismos que en el bono eléctrico).   

Las empresas que incorporen a mujeres a sus consejos podrán deducirse un 10 % de sus salarios

Aunque en el capítulo de ingresos había poco margen para la sorpresa, porque el Gobierno había ido desgranando desde su toma de posesión las principales medidas tributarias que se incluyen en los Presupuestos, estos recogen algunas novedades.

Entre ellas, destaca la nueva deducción incluida en el impuesto de sociedades para bonificar la incorporación de mujeres a los consejos de administración de las empresas. Con el objetivo de incentivar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en estos órganos de decisión, las compañías podrán deducirse un 10 % de las retribuciones de las nuevas consejeras.

Esta nueva deducción acompaña los cambios ya anunciados en el impuesto de sociedades, como la reducción del tipo nominal del 25 al 23 % para las empresas que facturen menos de un millón de euros y el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 15 % para las que ingresen más de 20 millones (que se eleva al 18 % en el caso de bancos y petroleras).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que la normativa actual «hace que algunas empresas tengan tipos efectivos muy por debajo de los tipos teóricos, incluso negativos». Y añadió que su departamento va a «monitorizar» los ingresos de la banca para comprobar los pagos que realizan por ese mínimo de sociedades y el nuevo impuesto de transacciones financieras.

En ese sentido, la ministra criticó que haya grandes empresas que amenacen con marcharse de España si se les suben los impuestos, o que amagan con trasladar ese incremento a los clientes: «Cuando se sube la fiscalidad a las grandes empresas se hace política redistributiva y de justicia social, y la banca y las grandes corporaciones en España pagan menos que en el resto de Europa, y en estos países no ha habido huidas», remarcó Montero, que defendió también que las subidas del IRPF a las rentas altas se ha hecho «con precisión de bisturí».

Sánchez cobrará 82.978 euros y Rajoy dispondrá de casi 75.000

El salario del presidente del Gobierno subirá este año hasta los 82.978,56 euros, repartidos en doce mensualidades, tras aplicar el mismo porcentaje de subida que el resto de empleados público. El jefe del Ejecutivo cobrará casi la mitad que el presidente del Tribunal Constitucional, que percibirá 152.735,24 euros.

Mientras, la asignación para los expresidentes del Gobierno crece un 33 %, hasta los 298.320 euros. Con ello se asegura que Mariano Rajoy, que dejó la Moncloa en junio, también pueda disponer de 74.580 euros al año para mantener una oficina, chófer y escolta.

El presupuesto para la Casa del Rey roza los ocho millones

La asignación destinada a la Casa del Rey frisará este año los ocho millones de euros tras recibir una subida del 1,4 % (111.890 euros más). Se trata del mayor incremento en años en una partida que sufrió recortes en los peores años de la crisis, del 2011 al 2014, y que luego estuvo congelada hasta el 2017. Según la Constitución, corresponde al rey distribuir libremente esta partida de la que, el año pasado, menos del 9 % fue para pagar los sueldos de los miembros de la familia real (los reyes Felipe y Letizia, y los eméritos, ya que la Princesa de Asturias y la infanta Sofía no cobran asignación).

El sueldo de los funcionarios podría subir otro 0,25 % en julio

La subida salarial a los empleados públicos recogida en los Presupuestos, que inicialmente será del 2,25 %, podría incrementarse en un 0,25 % adicional a partir del 1 de julio si se alcanza la tasa de crecimiento de la economía española pactada por el Gobierno anterior con los sindicatos de la función pública. Además de esa subida generalizada, las cuentas también incluyen una partida adicional de 250 millones de euros para avanzar en la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) con los cuerpos autonómicos.