La inspección destapó 5.200 empleos en negro en Galicia en el 2018, un 50 % más

El plan de control detectó a 230 personas que trabajaban y cobraban el paro a la vez


Redacción / La Voz

El plan conjunto de inspección laboral que coordinan la Xunta -a través de la Consellería de Economía, Emprego e Industria- y la Inspección de Trabajo intensificó el año pasado los controles sobre el empleo no declarado y las irregularidades en los contratos. Coincidiendo con la aprobación, por parte del Gobierno central, del Plan Director por un Trabajo Digno -que aporta más recursos, económicos y humanos, para luchar contra el fraude laboral-, el número de actuaciones se incrementó un 2,5 %, hasta las 71.611.

Esa refuerzo de las inspecciones permitió mejorar sensiblemente los resultados del plan, ya que durante el 2018 se afloraron casi 5.200 empleos no declarados (y que por lo tanto no cotizaban a la Seguridad Social), un 50 % más que en el ejercicio anterior.

Además de rastrear trabajadores que no están dados de alta, los controles también chequean que los contratos de los que sí lo están se ajusten a la legalidad, lo que permitió transformar 7.956 empleos eventuales fraudulentos en indefinidos (un 64 % más que en el 2017) y destapó más de 1.700 casos de falsos autónomos, profesionales que estaban dados de alta como trabajadores por cuenta propia pero que en realidad prestan servicios a una empresa como si fueran asalariados de la misma, pero sin la cobertura de estos. En esta regularización de contratos ha sido clave la campaña lanzada en agosto por la Inspección de Trabajo, que tras identificar a través de herramientas informáticas las empresas en las que se podían estar cometiendo irregularidades, hizo un envío masivo de cartas para que procediesen a la regularización voluntaria de su situación y repusiesen a los trabajadores afectados sus derechos. Si lo hacían, se evitaban la visita del inspector.

Ese toque de atención que se dio a las compañías para que pudiesen enmendar cualquier irregularidad en la contratación antes de ser pasadas bajo la lupa explicaría que, pese a incrementarse los resultados del plan, tanto en empleos aflorados como en transformación de contratos, en el 2018 se redujese el número de actas de infracción levantadas. Fueron 3.770, un 3 % menos que en el ejercicio precedente. Eso significa que solo en una de cada veinte actuaciones de control (un 5,2 %, concretamente) de detectó alguna irregularidad merecedora de la apertura de expediente. 

Fraude en el cobro del paro

Otro de los campos que centran las actuaciones de los inspectores es el control del fraude en el cobro de prestaciones, rastreando casos de trabajadores que a la vez que trabajan cobran el paro. En los 1.351 controles realizados el año pasado identificaron a 230 personas que compatibilizaban su trabajo con el cobro del desempleo, que ahora deberán devolver las prestaciones percibidas indebidamente. Es este capítulo de Seguridad Social (en el que además del fraude en el cobro del desempleo se controla que los contratos se ajusten a la legalidad) el que concentra el grueso de las actuaciones del plan, con un 52,2 % de las actuaciones de control y seis de cada diez actas de infracción. Hay otros tres campos de actuación: seguridad y salud laboral; relaciones laborales (vigilancia del encadenamiento de contratos temporales, condiciones de trabajo, impago de salarios...) y otro dedicado al empleo sumergido y los permisos de trabajo de los inmigrantes.

Desde que en el 2012 arrancara este plan conjunto de inspección se han realizado casi 544.000 actuaciones de control. De ellas, alrededor de 27.800 (el 5 % del total, una de cada veinte) acabaron en un acta de infracción.

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